Jordi Hereu y las practicas neoliberales municipales en tiempos de crisis y corrupción

Rebelión

Tras la manifestación contraria a la sentencia del rancio Tribunal Constitucional, movilización ciudadana de marcada aunque no única tendencia soberanista-independentista, tras la enorme alegría manifestada en calles, pueblos y hogares por el gol de don Andrés y el triunfo de la selección, de una “Roja” que debería ser más roja, después de las celebraciones masivas de estos pasados días (con aristas estúpidas y españolistas pero no sólo con ellas), vuelve a primer plano que no a primera página la lucha de clases… ¿He escrito “lucha de clases”? Perdón, quería decir el conflicto social, los puntos de vista no coincidentes, los desajustes sociopolíticos, las contraposiciones sociales, la lucha entre una renovada Ilustración republicana verdaderamente socialista y las ansias insaciables de un capitalismo desbocado neoliberalmente dirigido. Como escribiría Belén Gopegui, lo real vuelve. Un ejemplo barcelonés de este regreso.
Hace unos diez meses, Jordi Hereu, el alcalde de la ciudad de Barcelona, aseguró por activa y pasiva, mientras se discutían los presupuestos del municipio para 2010, que no se privatizarían los servicios funerarios de la ciudad. Barcelona, señaló, tiene solvencia suficiente. Punto y aparte.
Los servicios funerarios barceloneses eran de propiedad pública hasta mediados de los años noventa [1]. Fue entonces, cuando Pasqual Maragall seguía siendo alcalde de la ciudad, cuando se vendieron una parte de las acciones a una empresa privada, Mémora es su nombre. La gestión fue mixta desde entonces: el 51% depende del consistorio a través de la empresa pública SFB y el 49% está en manos de Mémora, el primer grupo de servicios funerarios de España.
El “sector” da beneficios. El volumen de negocios de 2009 fue de 45,8 millones de euros y los beneficios de 9 millones de euros. El año anterior, 2008, el volumen negociado fue de 46 millones, prácticamente la misma cantidad, y los beneficios alcanzaron los 11 millones de euros. Ni más ni menos. En los dos últimos años de gestión, ¡20 (veinte) millones de beneficios!
Ni que decir tiene que, consistentes con su ideario y con los intereses sociales empresariales que tan bien representan, a la limón y sin apenas matices sustantivos, CiU y PP, ambas fuerzas en la oposición municipal, reclaman desde hace años la total privatización del servicio. La (pseudo)argumentación es la de siempre: hay que romper los monopolios, los servicios funerarios barceloneses lo son y, de esta forma, aseguran, contra toda evidencia empírica existente y concebible, y contra multitud de ejemplos falsadores, se dará un mejor servicio a la ciudadanía y, añaden sin temblor en su duro rostro, será más barato. Nadie hasta ahora, aparte de los ya convencidos e interesados, había creído ni comido con sus conocidas argucias falsarias.
Pues bien, con la que está cayendo en el gobierno municipal, basta pensar en el caso del hotel Palau y en las montañas de corrupción y especulación anticiudadana que se están conociendo, en lugar de practicar la prudencia en la gestión, sin desplazamiento a arriesgados puentes sobre aguas turbulentas, y abonar y cuidar la unidad de izquierdas, el señor Hereu ha tomado el camino curvado, es decir, el sendero hacia la derecha en el que tan feliz se le ve y tan cómodo se desenvuelve: los servicios funerarios de la ciudad serán privatizados declaró el martes 13 de julio. El municipio venderá a la todopoderosa Mémora el 36% de las acciones y se quedará con el 15% [2]. Por ahora, ya veremos lo que queda de ese 15% dentro de 3 o 4 año si los negocios funcionan. El papel del consistorio en la dirección de la empresa será nulo, pintará menos de lo que pinta un trabajador externalizado de la limpieza del Ayuntamiento. Se ampara el señor Hereu para justificar sus planes, algo hay que decir, en la ley europea Ómnibus que entró en vigor a finales de 2009.
Los servicios funerarios, lo que se desea privatizar totalmente, gestionan las partes más rentables del asunto: venta de féretros y urnas, ceremonias, organización del duelo, preparación de los cuerpos de los fallecidos, traslados, etc., incluso, si se desea, detalles de esta postmodernidad idiotizante que nos rodea y asalta, apoyo psicológico a los familiares y grabación filmada de todo el proceso.
La operación, pendiente de discusión en una comisión municipal, se quiere aprobar en el pleno municipal de finales de julio. PP y CiU, claro está, están encantados de la vida y de que el alcalde Hereu les ponga en bandeja de plata la que es una de sus reivindicaciones de negocios más perseguida. ICV-EUiA, socio de gobierno del PSC en el consistorio, esta vez sí, coherentemente con su ideario y programa municipal, se ha manifestado netamente en contra. La ciudadanía de izquierdas de la ciudad celebra con vivas y aplausos su dignísima posición.
ERC mantiene una curiosa posición, igualmente consistente con su forma de transitar por su ideario soberanista independentista: votarán a favor de la privatización si se confirma y asegura que Mémora traslada a Barcelona su sede madrileña (es decir, ya tienen tomada la decisión: votarán a favor). De esta forma, argumentan gozosos, se incrementarían las arcas municipales. El gigante del sector pagaría en Barcelona sus impuestos y generaría aquí, asegura el señor Jordi Portabella con énfasis en el aquí y no en “Madrid”, puestos de trabajo. No hay más consideraciones en este juego de intereses. El independentismo con aires neoliberales presenta estas caras. Lo importante es el país; la defensa de lo público juega en tercera regional.
La coalición ICV-EUiA, con un excelente Ricard Gomà a la cabeza, es la única -¡única!- voz crítica institucional con la operación. Los miembros de la coalición defendieron el 12 de julio, en comparecencia pública, que Serveis Funeraris de Barcelona era una empresa de capital público mayoritario que presta un servicio de calidad, siempre mejorable desde luego, y de interés general que es necesario preservar. Añadió Gomà que la venta, obviamente, supondrá una pérdida de patrimonio público. La constante de tantas y tantas operaciones “económicas” de los últimos años.
ICV-EUIA gobierna en coalición con el PSC en el Ayuntamiento barcelonés. ¿Debería importarle al PSC la posición crítica de su único socio de gobierno? Debería pero al alcalde Hereu le importa un higo este nudo esencial de la situación. Prefiere buscar apoyos en fuerzas de la oposición siguiendo el ejemplo del conseller de Educación que ya pactó con CiU, en detrimento de ICV-EUiA, la Ley de Educación catalana. ¿Por qué? Porque seguramente el señor Hereu piensa que su gobierno tiene los días contados; que es bueno preparar el futuro, que muchas coaliciones son posibles, o, lo que es peor, por convicción propia, porque a pesar de la crisis aléfica que nos rodea, a pesar de la derrota en primera línea de flotación de la cosmovisión neoliberal, el señor Hereu y sus colegas siguen pensando no que lo pequeño es hermoso sino que lo estrictamente privado es siempre rentable y eficaz, y, si no lo es, hay que trabajar para que lo sea. ¡Qué horror señora Leonor!
Todo lo racional es real y todo lo real es o será racional, decía el clásico. No lo parece. Poco de lo real es razonable y casi nada razonable parece en disposición de adquirir atributos reales. Que los sindicatos del Ayuntamiento, no puedo precisar sus siglas, estén de acuerdo con este proceso de privatización, al lado, justo al lado del PP, CiU y ERC, es un ejemplo de manual de las distancias aléficas entre la racionalidad, por temperada que esta sea, y la “realidad social”, entre las decisiones que se toman, y las motivaciones que a ellas subyacen, y lo que podamos llamar cuidado y atención de lo público.

PS: El Ayuntamiento asegura que Mémora firmará una cláusula de gratuidad para personas sin recursos y de subvenciones para personas con pocos recursos. Los consejeros de Memora deben estar partiéndose de risa mientras llaman con urgencia a su bufete de abogados para que redacte una cláusula que apenas los comprometa o cuya buscada ambigüedad permita vaciarla en, pongamos, uno, dos, tres años como máximo.

Notas
[1] Tomo la información del excelente artículo de Jordi Mumbrú -“Hereu inicia la privatització dels serveis funeraris”- publicado en Público, 13 de julio de 2010 (edición Catalunya), p. 4.
[2] El Ayuntamiento recuperará en la operación el 49% de las acciones de los cementerios de Barcelona actualmente en manos de Mémora cuyos tentáculos, como se ve, son diversos y prolongados. De este modo, el 100% de la gestión de los cementerios, la parte menos rentable, es decir, la gestión, entierro, cobro de tasas y mantenimiento será totalmente público. No parece exagerado que también en esta arista hay un claro caso de subordinación: te cambios cromos poco rentables por cromos muy rentables con algún compromiso por tu parte.

Deconstruyendo la Ley de Partidos

Manuel M. Navarrete
dijous 24 de setembre de 2009 par Manuel Muñoz Navarrete

No puedo aceptar la frustración definitiva de votar contra las condiciones formales que garantizan unas elecciones libres. (…) Si pudiera votar a Batasuna (o a ANV o al PCTV), no les votaría. Pero porque no puedo votar a Batasuna, me voy a abstener.
(Carlos Fernández Liria y Santiago Alba Rico)
No voy a hablar sobre ETA. Voy a hablar sobre la izquierda abertzale. No faltarán ecos que repitan para sus adentros que ETA y la IA son la misma cosa. La mejor prueba de que eso es mentira es la Ley de Partidos. No hizo falta modificar el Código Penal para ilegalizar a ETA, ya que sus acciones eran en sí mismas ilegales según el Código Penal entonces vigente. Sin embargo, hubo que generar una Ley de Partidos específica para ilegalizar a Batasuna, porque no bastaba con el Código Penal para conseguirlo.
Este sencillo razonamiento echa por tierra de manera irrefutable una amalgama tan frecuente como grave. Frecuente por ser ya un tópico cotidiano en políticos, jueces y medios de comunicación. Grave porque sólo puede obtenerse sacando factor común de unos fines, en efecto compartidos, y obviando los medios, que supuestamente motivan tantas manos blancas y que son -esos sí- ilegales.
Otra propiedad de la Ley de Partidos, propiedad concienzudamente ocultada por la “libertad de expresión” española (libertad de expresión para quien tenga un millón de euros y pueda montar un periódico), es la de generar rechazo a nivel internacional. El Relator Especial de la o­nU, Martin Sheinin, escribió que le preocupaba “la amplitud de la formulación de las disposiciones de la Ley de Partidos”, ya que “podrían interpretarse en el sentido de incluir a todo partido político que, por medios políticos pacíficos, trate de alcanzar objetivos políticos similares a los que persiguen los grupos terroristas”. Amnistía Internacional, por su parte, mostró su preocupación por la “ambigüedad y la imprecisión de algunos artículos”, a través de los cuales se podrían “emprender procesos de ilegalización de partidos políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica”, insistiendo en que esta ley podría “llevar a la ilegalización de partidos que compartan con los grupos armados objetivos como la independencia, pero que no aboguen ni usen la violencia”. El Colegio de Abogados de Barcelona, por su parte, fue más explícito todavía al hablar de los “efectos extensivos de la aplicación del concepto de terrorismo sobre la disidencia política”, la “normalización de una cultura jurídica de la emergencia o la excepcionalidad” y las “responsabilidades penales difusas y no colectivas”, concluyendo que “cuando los objetivos, y no los medios, son lo que se penaliza -lo que significa convertir fatalmente el independentismo vasco en terrorista- se consolida un derecho penal de autor que persigue ideologías en vez de hechos”. Huelga decir que ni la o­nU, ni Amnistía, ni el Colegio de Abogados son entidades demasiado sospechosas de marxismo, radicalismo o independentismo.
Sin embargo, el Tribunal de Estrasburgo, en una decisión más política que jurídica, acaba de avalar esta ley. Escribo este artículo para declarar que, con semejante jurisprudencia, Europa se encamina hacia el fascismo. Intentaré argumentar esta afirmación.
En primer lugar, la Ley de Partidos fulmina el principio de la responsabilidad individual. Los colectivos no delinquen: únicamente delinquen las personas físicas. Por ejemplo, no puedes ilegalizar al Real Madrid porque un “ultrasur” cometa un asesinato. De hecho, hay miembros del PSOE y del PP condenados por crímenes serios, lo que no afecta para nada al funcionamiento de estos grupos en el Parlamento.
Además, están siendo ilegalizadas ideas. Si eres independentista vasco y compartes posiciones anticapitalistas, no tienes derecho a crear una organización política ni a votar. Tu única opción es volverte un nacionalista de derechas y afiliarte al PNV. Aun condenando a ETA, no serías legalizado, según declaró hace unas semanas Pérez Rubalcaba, el Ministro del Interior español. De hecho, Iniciativa Internacionalista afirmó públicamente que rechazaba “el uso de la violencia bajo condiciones democráticas”, y aun así el Tribunal Supremo trató de ilegalizarla.
Con todo, merece la pena detenerse en el asunto de la “condena”. Es cierto: Batasuna no ha “condenado” los atentados de ETA, aunque tampoco se ha pronunciado jamás a favor de los mismos. Este hecho puede ser moralmente juzgable, pero jurídicamente es por completo irrelevante, puesto que no existe ninguna ley que obligue a ello. No sólo hay -en teoría- libertad de silencio, sino que, de hecho, en el pleno parlamentario la abstención es un derecho más del supuesto “ejercicio democrático”.
Además, la no condena es perfectamente lógica. Lo que se está buscando es una mesa de negociación para acabar por fin con el conflicto. ¿A alguien se le ocurre que, durante las negociaciones entre los británicos y el Sinn Fein, hubiera que exigirle a Gerry Adams una condena de las actividades del IRA? Este disparate sólo podía surgir de la nefasta mentalidad española, anclada en el guerracivilismo. Con semejante política, jamás habría llegado la paz a una parte de Irlanda. Porque la paz no es lo mismo que la pacificación o el aplastamiento policíaco o militar del otro bando. La paz es una estructura, el efecto de una composición de fuerzas que entran en equilibrio. Jamás se podrá formar una mesa de negociación llamando asesinos a los virtuales interlocutores, ni exigiéndoles que se pongan de rodillas. Hay que partir del respeto si alguna vez se quiere alcanzar la resolución del conflicto.
Por otra parte, habría que recordar que el PP se negó a condenar los asesinatos de Franco. El PSOE, por su parte, no es que no haya condenado los asesinatos del grupo terrorista GAL, sino que dicho grupo fue organizado y financiado por él, en tiempos de Felipe González. Esto por no hablar de la tortura en cárceles y comisarías, o de la violencia de las tropas españolas ocupantes en países como Afganistán o Líbano. Se nos exige una condena ritual, maniquea y obligatoria de un solo bando, pero ¿por qué hay que condenar la violencia disidente cuando nadie condena la violencia institucional, infinitamente más grave?
Retomando el hilo de la argumentación, y como explicábamos, principios como la responsabilidad penal individual, la libertad ideológica, la no retroactividad de las leyes, la no creación ad hoc de leyes con fines políticos... son sacrificados por un furor persecutorio que está implícito en esta legislación aberrante.
Pero lo peor de esta ley es que el juez Garzón le ha dado una enorme proyección electoral y parlamentaria. Aunque esta ley se circunscribe formalmente en la limitación del derecho de asociación (art. 22 de la Constitución Española), materialmente lo que se está limitando es el derecho de participación política (art. 23). Esto es lo que se evidenció cuando se anularon candidaturas promovidas por agrupaciones de electores, o cuando se disolvió el grupo parlamentario SA (Socialista Abertzaleak). Y es que tanto las agrupaciones de electores como el grupo parlamentario son (objetivamente) expresión del derecho de participación política, y no del derecho de asociación. Sólo existen dos supuestos por los que podría privarse del derecho de participación a alguien, y siempre de manera individualizada: la condena por determinados delitos y la incapacidad, verificada por vía judicial. Dado que ninguno de estos dos supuestos se daba, estas decisiones fueron radicalmente anticonstitucionales y carentes de fundamentación jurídica.
Sin duda, el objetivo inicial de esta ley era la liquidación electoral de una molesta minoría, de un 15% de la sociedad vasca que se ha visualizado en todos los procesos electorales celebrados desde 1979. El problema es que la Ley de Partidos se estira como un chicle, con la famosa teoría del “entorno”. El juez Marlaska ha ilegalizado organizaciones revolucionarias con autos donde se afirman cosas como que suspendía “organismos públicos, fundaciones, asociaciones, sociedades y organismos similares de Batasuna”. Con autos así, la responsabilidad penal es tan difusa que cualquiera puede ser ya un terrorista, incluso sin saberlo y sin haber empuñado jamás un arma. ¿Qué es un organismo similar de Batasuna? Puesto que Batasuna es un partido político, el PSOE sería un organismo similar a Batasuna. ¿O tal vez por similar Marlaska entiende “políticamente afín”? En ese caso, en tanto que marxistas y partidarios de la autodeterminación, podrían ilegalizar perfectamente a organizaciones como Corriente Roja o el SAT. No en vano, uno de los argumentos del auto de ilegalización de Iniciativa Internacionalista era “el extenso curriculum político de Alfonso Sastre”, ya que esta lista no incluía un solo vasco en su candidatura...
Una última reflexión. Fue enormemente significativa la actitud del cabeza de lista de Izquierda Unida a las elecciones europeas, Willy Meyer, cuando dijo que si los tribunales ilegalizaban Iniciativa Internacionalista, él estaba de acuerdo porque estamos en un “Estado de derecho” (si IU está en contra de la Ley de Partidos, ¿cómo va a estar a favor de que ningún tribunal la aplique?). Eso por no hablar de la actitud del coordinador andaluz de IU, Diego Valderas, que amenazó al CUT de expulsión por haber avalado a Iniciativa para que pudiera presentarse. Hace poco leí también las palabras del secretario general del PCE, Paco Frutos, en el programa El círculo de primera hora: “Se nos ha criticado mucho por nuestra abstención ante la aprobación de la Ley de Partidos. Si decíamos que no, se nos confundía con HB y su entorno (…) Vimos que esta norma estaba construida al revés. Dictada únicamente para ilegalizar a HB. Por eso nos abstuvimos”. Le he estado dando vueltas a estas palabras, hasta que me he dado cuenta de una cosa: Frutos no se justifica por no haber votado en contra de la ilegalización, sino por no haber votado a favor.
Tal vez la solidaridad para con otras organizaciones anticapitalistas no opere en mentes tan mezquinas, pero al menos debería hacerlo la necesidad de pararle los pies al fascismo. De lo contrario, tal vez algún día nos encontremos a alguien diciendo: Primero fueron a por Batasuna, pero yo no dije nada porque no era de Batasuna. Luego fueron a por el PCE (r ), pero no dije nada porque tampoco era del PCE (r ). Más tarde fueron a por Izquierda Castellana, pero igualmente callé porque no era de Izquierda Castellana. Por último, fueron a por Iniciativa Internacionalista, pero una vez más callé, porque no era de Iniciativa Internacionalista. Cuando fueron a por mí, ya no quedaba nadie para protestar

Porque no nos gusta la bandera bicolor

La bandera que ondeó vencedora durante el franquismo, no puede ser aceptada por las gentes de izquierda,
Insurgente - Kaos. Estado español Para Kaos en la Red Hoy a las 9:50 454 lecturas 4 I
No hace falta que venga historiador de banderas alguno para ilustrarnos que la enseña bicolor que lucen estos días miles de balcones, viene de más allá de la guerra civil. Pero, no es menos cierto, que en la guerra que provocó el fascismo en el año 1936, lo más reaccionario y troglodita de la sociedad española lució esa bandera contra la legalidad democrática, contra las personas que querían una sociedad más justa y libre.
II
La bandera que ondeó vencedora durante el franquismo, no puede ser aceptada por las gentes de izquierda, por mucha firma de rendición que hiciese Carrillo a cambio de un puestecito en el balcón de los hacedores del régimen. El cambio de escudo se parece demasiado a una mera lavada de cara, para que las mayorías piensen aquello de “no es lo mismo un pollo que unas columnas”.
III
Quienes afirman que todo eso es historia y que es necesario tener los ojos debajo de la frente y no en la nuca, les agrada comprobar que la dictadura-transición-“democracia”, se ha ejecutado con estudiada precisión, para que los que tuvieron el poder económico durante el franquismo lo mantuvieran luego. Una misma bandera ayuda a dejar claro que los valores e intereses de la clase dominante son los mismos. Si antes se blandía contra los odiosos rojos republicanos, ahora sirve para consolidar la idea de España, y si es una-grande y libre, mejor.
IV
Para las personas que entienden la historia como una constante lucha de clases, no puede una misma bandera representar a explotadores y trabajadores. En el caso del estado español tenemos la suerte histórica de que la bandera tricolor es aborrecida por los burgueses, ricos y jerarcas eclesiásticos, por fascistas, reaccionarios, derechistas y socialdemócratas. Esto facilita bastante el trabajo explicativo.
V
Las decenas de miles de banderas nacionales que estos días han vendido establecimientos chinos, con motivo del mundial de fútbol, dónde irán a parar. ¿Qué harán con ellas a partir de mañana?¿Se airearán también cuando las tropas partan a ocupar Afganistán, Euskadi, Líbano o Cataluña?¿Y cuándo los trabajadores se movilicen con banderas rojas o negras?
VI
Es cierto. Hay países que han parido su bandera nacional en la lucha contra el colonialismo y el imperialismo. Fue divisa de liberación fraguada en una sólida unión contra el enemigo invasor. Hoy la lucen con orgullo y la saludan con el respeto que merecen miles de personas que dejaron su vida contra el dominio extranjero. No es el caso de la actual bandera española.