NUEVAS DENUNCIAS DE TORTURA

2010 octubre 06

GARA > Ultima hora > Euskal Herria

Atristain y Besance perdieron el conocimiento en dos ocasiones durante el traslado a Madrid.
Sesiones de "bolsa" en las que perdieron el conocimiento ya durante el traslado a Madrid, golpes mientras estaban envueltos en mantas o goma espuma y sufrían sesiones de "asfixia", flexiones entre patadas o visitas al "frigorífico" en un estado de sudoración conforman el relato de las torturas denunciadas por Xabier Atristain y Juan Carlos Besance desde que fueron detenidos por la Guardia Civil hasta que, en el quinto día, comparecieron ante el juez.
El juez Velasco manda a la Policía a interrogar a ex guerrilleros de las FARC
06/10/2010 13:25:00
DONOSTIA-. El movimiento pro amnistía ha dado a conocer el testimonio de las torturas sufridas por Xabier Atristain y Juan Carlos Besance durante los cinco días que han permanecido incomunicados en manos de la Guardia Civil.La aplicación de la "bolsa", práctica que consiste en introducir la cabeza en una bolsa hasta la asfixia, se inició ya en el traslado a Madrid. Tanto Atristain como Besance perdieron el conocimiento en dos ocasiones a lo largo de trayecto, tiempo en el que agentes del cuerpo militar saltaron sobre el donostiarra.Ya en dependencias de la Guardia Civil, Besance fue desnudado de cintura para abajo y obligado a hacer flexiones mientras le propinaban patadas en el estómago. También fue envuelto en una manta, atado con una cincha y sus manos inmovilizadas con goma espuma y su cabeza cubierta con la "bolsa" mientras era golpeado de nuevo. En un momento en que la sudoración era máxima, fue introducido en una habitación que llamaban el "frigorífico", donde no paraba de temblar.Durante los cinco días tuvo los ojos tapados con un antifaz, por lo que perdió toda noción del tiempo. Antes de ser detenido no tenía problemas en la vista y ahora relata que no ve bien.Atristain también relata un trato brutal, que se inició igualmente en el coche que le trasladó a Madrid. Al donostiarra también le aplicaron la "bolsa" desde el primer momento y perdió el conocimiento en dos ocasiones. Ya en dependencias de la Guardia Civil sufrió varias taquicardías.También le envolvieron en una manta y le pusieron la "bolsa" en la cabeza al mismo tiempo. A Atristrain le mojaban con agua muy fría. Los golpes, los ejercicios físicos y las amenazas fueron constantes.
Ambos relatan que les rociaron con algo en la cabeza. Mientras Besance recuerda que se le endurecía el pelo, Atristain indica que era algo caliente. Ahora ha perdido piel en parte de la cabeza.
El abogado de oficio que asistió a Xabier Atristain se ha negado a firmar la declaración y ha protestado por la incomunicación.

Testimonios de tortura tras la operación policial: «Ni siquiera sé cuántas veces perdí el conocimiento»

La aplicación de «la bolsa» hasta en veinte ocasiones, amenazas, simulacros de violación, tocamientos, posturas forzadas, polvos blancos que adormecen...
Gara Hoy a las 10:05 1184 lecturas 30 comentarios
www.kaosenlared.net/noticia/testimonios-tortura-tras-operacion-policial-ni-siquiera-cuantas-veces-


Son sólo algunas de las prácticas denunciadas por los últimos nueve arrestados. En estas páginas se recoge lo que ellos mismos, sin sobreponerse aún, han relatado sobre lo vivido en comisaría.
Sandra BARRENETXEADetenida en Bilbo«Me arrancaron los pantalones mientras me forzaban para que abriera las piernas»
El acoso sexual ha vuelto a ser empleado en este operativo policial, especialmente contra las mujeres. Barrenetxea fue despojada de su ropa en el mismo trayecto a Madrid, siendo trasladada desnuda de cintura para arriba y entre insultos, golpes y tocamientos en los pechos. Un guardia civil llegó a arrancarle los pantalones mientras que la forzaba para que abriese las piernas y otro no dejaba de golpearle en la cabeza. La vecina de Bilbo denuncia que fue obligada a permanecer todos los interrogatorios en bragas y amenazada con ser violada en más de una ocasión. En uno de los interrogatorios indica que «me sentaron en una mesa y me obligaron a apoyar la parte superior del cuerpo contra el mueble, mientras que me envolvían la parte trasera con una cuerda y me echaban agua fría a la entrepierna. En esta postura no dejaban de amagar con violarme». Ugaitz ELIZARANDetenido en Donostia«Me enseñaron un fotomontaje en el que mi compañera se encontraba arrestada»
Elizaran asegura que han sido más de una veintena las sesiones de “la bolsa” que ha tenido que padecer, en las que no puede ni cuantificar las veces que se cayó al suelo por la falta de oxígeno. Denuncia que los agentes apretaron con fuerza la bolsa y que incluso en una ocasión le colocaron una toalla alrededor para multiplicar la sensación de ahogo. El vecino de Intxaurrondo ha relatado que mientras le practicaban “la bolsa” le ataron las manos hacia atrás, envolviendo su cuerpo con goma espuma, mientras varios guardias civiles se le sentaban encima; refiere que llegó a perder en un momento hasta la vista. Los golpes y la obligatoriedad de hacer ejercicios físicos no ha cesado ni mientras le aplicaban “la bolsa”. Las amenazas contra sus allegados han sido una constante y le han hecho creer que su compañera estaba también detenida, mostrándole incluso un fotomontaje con este fin.
Rosa IRIARTEDetenida en Iruñea«Me hicieron tocar un polvo blanco que adormecía, se me durmió hasta la boca»
Iriarte relata que en uno de los interrogatorios fue obligada a colocar las dos manos contra la pared en la que podía notar cómo se desprendía una especie de polvo blanco con el que se le adormecían las manos. Instantes después, los agentes le echaron el mismo polvo sobre las piernas, ante lo que la joven navarra notó un gran peso en sus pantalones. La Guardia Civil le ofreció un baso de agua, pero al beber ingirió también restos del polvo por lo que la boca también se le durmió. Iriarte detalló a sus letrados que fue obligada a escuchar cómo los agentes torturaban a sus compañeros y que durante los cuatro días fue víctima de simulaciones de descargas.
Eneko COMPAINSDetenido en Cariñena«El viaje a Madrid fue muy duro, me hicieron ‘la bolsa’ hasta dejarme sin respiración»
El joven iruindarra explica que comenzaron a aplicarle “la bolsa” nada más iniciar el viaje hacia Madrid y lo hicieron, además, hasta dejarlo sin respiración. Apunta que el trato sicológico recibido durante los cuatro días ha sido «muy duro», que las amenazas a sus familiares fueron una constante e incluso señala haber sufrido un amago de violación con un palo. Tras dar cuenta al médico forense de las torturas que estaba sufriendo, le solicitó que se le fuera aplicado el habeas corpus, pero la Audiencia Nacional negó este requerimiento alegando que no existían elementos suficientes para pensar que estaba sufriendo malos tratos. En su testimonio destaca que cuando se negó a hacer la declaración policial la actitud hacia él se «relajó».Aniaiz ARIZNABARRETADetenida en Noja«Me han desnudado en los interrogatorios y he sufrido tocamientos en los pechos y en la vagina»
Las torturas contra la joven eibartarra también comienzan en el trayecto a Madrid, mientras era trasladada desnuda de cintura para arriba y sufriendo tocamientos en los pechos e insultos de carácter sexista. Prácticas de tortura que se repetirán durante los cinco días posteriores al mantenerla desnuda en todos los interrogatorios. Ha denunciado tocamientos tanto en los pechos como en la vagina. El testimonio de Ariznabarreta recoge también cómo fue envuelta en una manta y, posteriormente, en goma espuma, y que de este modo la mantuvieron sentada con un guardia civil encima mientras que otros cinco agentes no dejaban de gritar, insultar y amenazarla. Asegura que las sesiones de tortura comenza- ron el primer día y que han sido constantes, y especialmente duras en las últimas sesiones. Egoitz GARMENDIADetenido en Gasteiz«Tres guardias civiles han estado saltando sobre mí mientras estaba envuelto en goma espuma»
El vecino de Otxandio llegó a perder el conocimiento en infinidad de ocasiones debido al dolor y la asfixia. Además de la aplicación de “la bolsa”, que incluso han llegado a colocársela tras sellarle la boca con precinto o arronjándole agua a la cara nada más retirársela, Garmendia ha denunciado duros apaleamientos por parte de los agentes del instituto armado. Relata que en numerosas ocasiones ha sido envuelto y amarrado en una manta, y envuelto de nuevo en un colchón de goma espuma, sobre el que se le han echado hasta tres guardias civiles. «Uno saltaba sobre mis testículos, otro sobre la cabeza y otro en los pies», relata. El vecino de Otxandio ha denunciado constantes golpes en los testículos y haber sufrido amagos de violación con un palo. Tras uno de los interrogatorios y al ser trasladado a la celda, lo empaparon de agua, obligándolo a permanecer desnudo y envuelto en una manta. Erika BILBAODetenida en Erandio«Me han gritado en infinidad de ocasiones y los ruidos no han cesado en los cinco días»
Del testimonio de la leioarra se desprenden constantes amenazas, golpes y la obligatoriedad a permanecer durante horas en posturas forzadas. Bilbao ha referido un trato sicológico muy duro, en el que no han faltado amenazas contra sus seres queridos. Al igual que el resto de los arrestados, la joven no ha podido descansar en ningún momento debido a los constantes ruidos y gritos. Joxe ALDASORO«He permanecido muchas horas en una habitación oscura y al salir siempre me colocaban un antifaz»
El vecino de Etxarri-Aranatz explica cómo fue obligado a permanecer en una habitación oscura durante un largo periodo de tiempo y que cada vez que lo sacaban de allí le colocaba un antifaz paraque no pudiera ver nada. El trato sicológico referido también ha sido «muy duro», con amenazas a allegados y coacción para permanecer en posturas forzadas.
Urko AIERBEDetenido en Donostia«Debido a los golpes recibidos cojeo de una pierna »
El paso por los calabozos de la Guardia Civil le ha dejado una lesión en una pierna que le impide andar sin cojear. Su relato indica que los primeros interrogatorios fueron los más duros, donde le colocaron “la bolsa” en dos ocasiones, le obligaron a estar en posturas muy incómodas y le propinaron golpes de forma continua.«Arrestos así serán cosa del pasado»
«Estoy seguro de que pronto las detenciones de este tipo serán cosa del pasado, porque Euskal Herria va a recorrer el camino hacia la paz mediante el diálogo y la negociación política». Éstas fueron las palabras de Eneko Compains ante el juez que, desatendiendo las torturas referidas, decretó su ingreso en prisión.
El titular del Juzgado Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional española, Fernando Grande-Marlaska, escuchó durante el viernes y el sábado nueve relatos de tortura. Todos y cada uno de los militantes independentistas arrestados en el operativo contra la izquierda abertzale manifestaron haber sido objeto de malos tratos por parte de la Guardia Civil. Los nueve coincidieron en que se les ha aplicado «la bolsa» hasta la asfixia -algunos han denunciado que se les aplicó hasta en veinte ocasiones-. Las amenazas con familiares, los amagos de violación y la simulación de electrodos también han sido una constante.
Con estos nueve casos, ascienden a 21 los ciudadanos vascos que en lo que va de año han relatado a este mismo juez haber padecido malos tratos en los operativos policiales ordenados por él.Sospecha del letrado de oficio
El abogado de oficio asignado a Egoitz Garmendia, que también fue el de Aierbe e Iriarte, mostró ante el juez Fernando Grande-Marlaska sus sospechas en torno a la forma en la que se hizo la declaración policial. El abogado detalló que cuando acudió a la declaración policial le obligaron a colocarse detrás de Garmendia por lo que, según censuró, el joven ni siquiera pudo ver si estaba asistido por un letrado; hecho que corroboró el vecino de Otxandio, apuntando que sólo pudo ver sus zapatos. El abogado denunció además que las respuestas lanzadas por el joven eran «poco reflexionadas y autómaticas», lo que le hizo pensar que podían estar acordadas de antemano y estudiadas por el joven. Esta sospecha se incrementó además tras ser testigo de las declaraciones policiales de Iriarte y Aierbe, ya que la terminología empleada por los tres era muy similar. Asimismo, el abogado denunció que no ha tenido opción de estar con sus clientes y que no ha podido ver los informes policiales, por lo que censuró que el derecho a la defensa de estos jóvenes ha sido vulnerado. Marlaska no toma en consideración esta alegación en el auto.
http://www.gara.net/paperezkoa/20100921/221843/es/ni-siquiera-se-cuantas-veces-perdi-conocimiento

La gran crisis de las pensiones (privadas)

El hundimiento de los fondos de capitalización aumenta la presión en favor de los recortes en el sistema público
PERE RUSIÑOL MADRID 19/09/2010 00:10

Los fondos privados de pensiones.
La crisis de las pensiones ha dejado de ser una hipótesis discutible para dentro de 25 años y se ha convertido en una dolorosa y empírica realidad. Pero no para el sistema público, que en España sigue con holgado superávit, sino para los fondos privados, que se hundieron en todo el mundo con el crash y que ahora luchan por mantener las prestaciones prometidas o incluso por evitar el colapso.
La crisis privada tiene una gran repercusión pública: economistas de amplio espectro desde la crítica Miren Etxezarreta, catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), hasta el liberal Alejandro Inurrieta, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles detectan una relación entre el hundimiento de los fondos privados que manejan en los mercados mundiales 12,7 billones de euros, el equivalente a 12 veces el PIB de España y el 27% del PIB mundial y la renovada presión de los mercados en favor de recortes en los sistemas públicos de pensiones.
La caída de la Bolsa amenaza la viabilidad de las gestoras privadas
La conexión entre los fondos privados y los recortes públicos viene de lejos. A mediados de la década de 1990 ya proliferaron los estudios que auguraban la quiebra de los sistemas públicos de pensiones y exigían recortes inmediatos o privatizar las pensiones. Los lanzaron simultánemente instituciones internacionales, como el Banco Mundial (1994), y los servicios de estudios de las entidades financieras, las principales interesadas en el desarrollo de los fondos privados.
En todos los casos se advertía de que el envejecimiento de la población llevaría a la quiebra del sistema público. En consecuencia, se aconsejaba pasar de un sistema de reparto, en el que todos los trabajadores están obligados a cotizar para pagar las pensiones de los jubilados actuales, a otro de capitalización, en el que cada cual ahorra para su propia pensión futura a través de una entidad bancaria.
El boom' de los 90.
31 grandes fondos de EEUU están amenazados de quiebra.Entre 1995 y 2000, coincidiendo con esta primera concatenación de informes, los fondos privados vivieron un auge excepcional: pasaron de gestionar 4,9 billones de euros a 11,5 billones en sólo cinco años. En España, donde la catarata de estudios partió del Círculo de Empresarios y tuvo aportaciones de los servicios de estudios de las principales instituciones financieras, pasaron en el mismo periodo de 13.000 a 38.000 millones de euros.
Entonces, el horizonte de quiebra solía situarse ya en el año 2000, pero el derrumbe no llegó. Al contrario: desde entonces todos los ejercicios de la Seguridad Social se han cerrado con superávit.
Pese a los errores, las instituciones insisten periódicamente con nuevos informes equivalentes. El Círculo de Empresarios, por ejemplo, lanzó el último en junio de 2009, sin mencionar que en 1996 pronosticaba que el sistema público español acumularía hoy un déficit equivalente al 10,74% del PIB cuando en realidad hay una hucha de ahorro que equivale al 6% del PIB.
El boom' de los años 90 se dio tras los informes contra el modelo público.En cambio, la amenaza de quiebra sí planea sobre los fondos privados de capitalización, que, al estar mayoritariamente vinculados a la evolución de la bolsa, se han hundido como consecuencia del colapso financiero de 2008.
"La crisis financiera ha mostrado el punto débil de los fondos privados. Y muchos gobiernos que habían pensado en una privatización parcial se lo han pensado mejor", apunta Vicenç Navarro, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Los nuevos nichos de negocio previstos se han cerrado justo cuando eran más necesarios para el sector.
Las cifras son demoledoras: en 2008, los fondos privados en el mundo perdieron el 18,3% de su valor, según Inverco, patronal de la inversión colectiva en España. Y la caída fue generalizada: del 37% en Reino Unido, que sigue por debajo del nivel de 2000, el 27% en Canadá, el 20% en EEUU, el 9% en España...En España se han evaporado' 2.696 millones sólo en el primer trimestre.En EEUU, que reúne fondos privados cuyo patrimonio supera los siete billones, más de la mitad de los activos mundiales, la crisis ya ha estallado. De forma virulenta y con presencia en los principales medios de comunicación.
Illinois es el Estado más amenazado. Su agujero es tan grande que, según cálculos del economista Joshua Rauh, incluso en el caso de que sus fondos privados lograran retornos del 8% anual una cifra que hoy parece quimérica sólo podría aguantar como mucho hasta 2018.
CalSTRS, el fondo de los profesores de California y séptimo del mundo, tiene un agujero de 43.000 millones. Y, según Rauh, hay un mínimo de 31 Estados en EEUU amenazados de quedarse pronto sin dinero para pagar las pensiones prometidas por su sistema privado de capitalización.
Sólo el 25% cotiza.
"Vamos hacia una crisis de proporciones monumentales", ha advertido el economista, que ha calculado que un rescate público para salvar los fondos de pensiones amenazados exigiría al menos un billón de dólares.Rauh estima que en el sistema estadounidense sólo el 25% de los trabajadores cotizan en la Seguridad Social. El resto opta por capitalizar de forma privada su ahorro.
La patronal admite que sólo crecerá si empeora el sistema público.
En Europa, la situación no es mucho mejor. El año pasado, al calor de la mejora financiera, se recuperó parte del valor perdido. Pero se multiplican los indicios de que la crisis es muy de fondo.
Un informe de la OCDE del pasado julio, Pension Market in Focus, mostraba "preocupación" por "los resultados a largo plazo" de estos fondos. Y advertía de que deberían lidiar con "nuevos retos", más allá de la crisis: "la retirada de la generación del baby-boom, incertidumbre sobre la fortaleza de la recuperación, la debilidad del mercado de bonos y posibles cambios en la regulación de los mercados financieros".
Los últimos datos en España son también significativos porque el negocio, tras recuperarse en parte en 2009, vuelve a caer en 2010: según Inverco, en el primer trimestre se evaporaron 2.696 millones de euros de los fondos y Holanda, una de las potencias europeas del sector, lanzó un SOS la semana pasada: los cinco principales fondos del país incluido ABP, que con un patrimonio de 229.000 millones es el tercero del mundo anunciaron que se ven obligados a recortar las pensiones prometidas a sus jubilados.
"Sus lobbies' presionan ahora muchísimo", dice un experto en Bolsa. El informe de la OCDE se publicó en julio, coincidiendo con el lanzamiento por parte de la Unión Europea de su enésima exigencia para que los Estados miembros aplacen la edad de jubilación, ahora en forma de Libro Verde. "El escenario que se promueve es el anglosajón, donde se fueron reduciendo las pensiones públicas para hacer inevitable el complemento privado", subraya Etxezarreta. "La crisis de los fondos privados es tan fuerte que sus lobbies presionan ahora muchísimo", recalca Inurrieta.
Sistemas mixtos.
Descartada a corto plazo la sustitución de un sistema de reparto por uno de capitalización como reclamaban los papers de los años 90, la industria presiona para avanzar al menos hacia este sistema mixto que apunta Etxezarreta. Lo deja claro el reciente informe de la patronal española, Inverco, El impacto de la crisis económica y financiera en la inversión colectiva y en el ahorro-previsión, elaborado por Analistas Financieros Internacionales.
El informe pide que los trabajadores tengan la opción "de llevarse una parte prefijada de las cotizaciones pagadas al sistema público a un esquema obligatorio de pensiones privadas de capitalización". Y deja muy claro y de forma reiterada que el sector no crecerá mientras el sistema público siga siendo tan bueno: "El que las pensiones públicas sustituyan en porcentajes muy elevados a los salarios previos a la jubilación implica que hay poco margen para la expansión de las pensiones privadas", lamentan sus autores.

Para saber quien es el Juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional

REPORTAJE: TRIBUNALES
La Audiencia de Madrid ordena investigar la actuación de un juez en su etapa como policía
JOSÉ YOLDI - Madrid - 28/06/1988


La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a Carlos Valle, titular del Juzgado de Instrucción número 14 de la capital, que reabra la investigación sobre la actuación de Ismael Moreno Chamarro, actual juez central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, en la diligencia de reconocimiento de un detenido, cuando el magistrado era inspector de policía destinado en la comisaría de Chamartín. Valle, conocido por sus redadas en clínicas que practicaban abortos, había ordenado el archivo del caso en mayo de 1987.

El proceso se inició el 19 de marzo de 1986, cuando la abogada Atocha de Aguinaga presentó una querella por posible delito de falsedad contra los inspectores de policía A12GO-11752 y A12GO-7808, secretario e instructor, respectivamente, de una diligencia de reconocimiento de un detenido.El primero de los policías resultó ser el actual titular del juzgado central 2 de la Audiencia Nacional, que ha estado destinado también en el central 1 de la citada audiencia y en el juzgado de distrito número 1 de Alcalá de Henares.
Actividades de los GAL
El segundo era el inspector Antonio Rosino Blanco, de 43 años, en la actualidad jefe de la comisaría de Ceuta. Accedió a este puesto hace escasamente un mes, tras haber estado destinado como responsable de la comisaría del distrito de Entrevías (Madrid) y en Vigo.Rosino, que fue jefe del subcomisario José Amedo Fouce, presuntamente implicado en actividades de los GAL, está citado a declarar mañana por este asunto. En su etapa de jefe de la Brigada de Información de Bilbao, Rosino fue el encargado de la investigación del asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard.
El 9 de julio de 1984 la Audiencia Provincial de Madrid juzgaba a Luis Miguel López de las Heras, un borderline (en la frontera entre la normalidad y la deficiencia mental) acusado de asesinato frustrado. La prueba de cargo era el reconocimiento realizado por el testigo Francisco Javier Ventureira.
Este testigo dijo en el juicio que no había podido reconocer a López cuando se lo mostraron en comisaría y añadió que cuando lo vió se encontraba sólo, iluminado por un flexo y sin otras personas alrededor. Esta manifestación sorprendió al tribunal y a los abogados, pues en el sumario los policías (Moreno Chamarro y Rosino) hicieron constar que Ventureira reconocía a López de las Heras en rueda de detenidos (entre un grupo de personas de similares características) y sin ningún género de dudas. Al conocer estos extremos, el testigo aseguró que en comisaría le habían indicado que firmara el reconocimiento, pues era igual que no estuviera seguro.
López de las Heras fue condenado a 12 años y un día por la Audiencia Provincial por delito de asesinato frustrado, sin que se apreciase su capacidad mental, en el límite con la deficiencia. El Supremo, por su parte, ha celebrado ya la vista del recurso de casación contra la condena, aunque no ha dictado sentencia, a la espera de lo que resulte del caso contra el juez.
Sugerencias a testigos
Los entonces inspectores no comparecieron al juicio a pesar de estar citados, y el tribunal ordenó deducir testimonio (remitir una declaración previa para su investigación en un juzgado), ante la posible existencia de un delito. Este testimonio fue la base de la querella interpuesta contra los policías por delito de falsedad. El caso correspondió al juez Carlos Valle, quien acordó que prestaran declaración los policías querellados. Rosino declaró en el juzgado que el atestado era correcto y que la diligencia de reconocimiento se había realizado conforme a lo establecido en la ley.Moreno, en su calidad de juez, declaró por escrito que no recordaba haber participado en la diligencia, pero que los reconocimientos se hacían de acuerdo con la ley y que no se hacían sugerencias a los testigos. El juez Valle archivó el caso sin practicar otras pruebas, y ahora la audiencia ha estimado el recurso de la abogada.
La audiencia recrimina a Valle haber archivado el caso, ya que en los procedimientos contra miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es competencia de la Audiencia, y no del juez, estimar o no la existencia de delitos.
El tribunal recrimina al magistrado que no haya practicado todas las diligencias para el esclarecimiento de los hechos, y ordena que agote la investigación, tomando declaración al testigo Francisco Javier Ventureira, a López de las Heras y al abogado de éste, Rafael Burgos, así como la realización de los careos que procedan.

Algunos no pagan impuestos

22 Ago 2010
Economía
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
El domingo 15 de agosto este diario publicó un extenso reportaje acerca del caos en el que se ha convertido nuestro sistema fiscal. Citaba, en primer lugar, un informe de la Agencia Tributaria que ponía de manifiesto algo que todos sospechábamos: que el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades es muy inferior (el 10%) al tipo nominal, situado ahora tras diversas rebajas en el 30% .El dato, además de escandaloso, es bien expresivo de la hipocresía de ciertos discursos formulados principalmente desde el sector empresarial que, basándose exclusivamente en el tipo nominal, afirman que en España el gravamen sobre sociedades es de los más altos de Europa. Lo cual no sólo es falso sino que se convierte en un sarcasmo si atendemos al tipo efectivo, es decir, al porcentaje que realmente pagan las empresas sobre sus beneficios, ya que el cúmulo de deducciones y desgravaciones termina por vaciar de contenido el impuesto.Especial mención merece el tratamiento fiscal dado a las empresas españolas para que hagan de nuevo las américas y obtengan pingües beneficios en el exterior, a menudo esquilmando a esos países y sin ningún beneficio para la sociedad española. Todo lo contrario, puesto que financian sus aventuras exteriores a cargo del erario público, que les permite desgravar sus intereses.El mencionado reportaje citaba también otro informe, este de la Comisión Europea, censurando las reformas fiscales acometidas en España desde 1997 –yo diría que incluso desde antes– y origen en buena medida del elevado déficit que mantenemos en la actualidad. Bien es verdad que es una pena que la Comisión, en lugar de aplaudir, no hubiese hecho esas advertencias cuando los gobiernos del PP, tras arrasar con sucesivas reformas el sistema fiscal, no se cansaban de vocear esa patochada de que bajando los impuestos se recauda más –por cierto, que lo siguen diciendo–. O cuando el PSOE postmoderno afirmaba aquello de que bajar los impuestos es de izquierdas, al tiempo que continuaba la obra del PP reduciendo el tipo del Impuesto sobre Sociedades, permitiendo que las rentas de capital permaneciesen fuera de la tarifa general del IRPF, propiciando el fraude en las SICAV, disminuyendo el tipo marginal del IRPF o eliminando el Impuesto sobre el Patrimonio. El ministro de Fomento ha declarado que se pagan pocos impuestos en España. No generalicemos. Son algunos los que no los pagan.

No todos los muertos son iguales

Vicenç Navarro
Público
El enjuiciamiento del juez Baltasar Garzón por parte del Tribunal Supremo de España (que en su seno tiene miembros que simpatizan con el golpe militar de 1936), en respuesta a la denuncia realizada por el partido fascista (La Falange) en protesta por el intento de tal juez de llevar a los tribunales a los responsables de los asesinatos realizados por la dictadura, muestra claramente varios hechos que no han sido suficientemente comentados en los medios de información y persuasión que gozan de mayor difusión del país. Uno es que la Transición de la dictadura a la democracia en España fue profundamente inmodélica, pues produjo una democracia muy limitada, en la que las fuerzas que dominaron el aparato del estado dictatorial continúan teniendo una gran influencia sobre el Estado español.
El segundo hecho que tal caso ha mostrado es que el espectro político español está profundamente sesgado a la derecha, mucho más que en la mayoría de países de la UE-15. Las derechas españolas corresponden, en el espectro político europeo, a la ultraderecha. En la Unión Europea, los partidos ultraderechistas han sido los únicos que han apoyado el enjuiciamiento de Garzón, tal como han hecho en España los dirigentes del PP. La gran mayoría de la derecha europea ha denunciado y condenado tal enjuiciamiento y los grandes rotativos conservadores y liberales europeos han denunciado esta bochornosa situación, mostrando con ello que el PP –que apoyó tal enjuiciamiento– es un partido de la ultraderecha europea de raíces franquistas, lo cual también explica su resistencia a condenar aquella dictadura por su nombre. Lo máximo que ha hecho el PP ha sido condenar genéricamente todas las dictaduras totalitarias (en las Cortes Generales, el 20-11-02), sin referirse concretamente a la dictadura franquista por su nombre (ver mi artículo “El PP, ¿un partido franquista?” en www.vnavarro.org).
El tercer hecho que el caso Garzón ha evidenciado es la enorme resistencia de los vencedores y de sus descendientes (biológicos y/o ideológicos) a admitir las enormes atrocidades cometidas por la dictadura y el impacto sumamente negativo que tal dictadura supuso para el desarrollo económico, político, social y cultural español. Esta resistencia de los vencedores y sus descendientes aparece en su persistente referencia a la equidistancia en las atrocidades realizadas por lo que llaman “los dos bandos” de la Guerra Civil. Este argumento, ampliamente reproducido por los vencedores y sus descendientes (que dominan la vida política, mediática y cultural española, sean del color político que sean), pone en la misma balanza a aquellos que lucharon por la democracia y a los que se opusieron a ella. La forma extrema de esta equidistancia aparece en los escritos de Juan José López Burniol y de Gregorio Marañón, que indican que los vencedores tenían tanta razón moral y política como los vencidos, pues ellos (los vencedores) eran buenas personas y también lucharon por sus ideales. Según este relativismo moral y político, no se podría condenar ni a Franco, ni a Hitler, ni a Mussolini, pues todos ellos en su vida personal eran “buenas personas” (seguían la moral convencional de su tiempo) y creían que lo que hacían era lo mejor para España, Alemania e Italia, respectivamente.
Tal equidistancia es, en realidad, más una justificación que una explicación de lo ocurrido en España, intentando ofuscar las responsabilidades habidas en aquel periodo. Poner a los curas y monjas asesinados por los republicanos en las misma categoría que los alcaldes, sindicalistas y miembros de las asociaciones republicanas es ignorar lo que cada uno representaba. Las monjas y los curas eran parte de una institución beligerante, la Iglesia, que había llamado al ejército a que se alzara en contra de un Gobierno enormemente popular y democráticamente elegido. Es comprensible que las clases populares odiaran a la Iglesia (hecho que nunca ha estimulado a la Iglesia a hacer una reflexión sobre por qué era tan odiada) y que unos extremistas quemaran iglesias y asesinaran a curas. Estos hechos deben denunciarse, pero tales desmanes –comprensibles, pero no justificables– no fueron políticas de Estado, como sí que lo fueron los asesinatos sistemáticos de los demócratas republicanos por parte de la dictadura. No sólo el número de muertos, mucho mayor en el lado democrático que en el fascista, sino la naturaleza de los muertos (no todos los muertos son iguales), distinguen a las fuerzas democráticas de los golpistas.
Los vencedores y sus descendientes nunca conocerán el enorme sufrimiento de los vencidos y sus descendientes. No fueron sólo los asesinatos, torturas y exilio, sino también la constante humillación durante 40 años en que el repetido insulto (se les definió como pertenecientes a una raza y/o cultura inferior) no se podía contestar ni siquiera en la intimidad familiar, pues los padres no osaban hablar de ello con sus hijos con el fin de protegerlos. De ahí que hablar de reconciliación como las bases de la Transición y de la actual democracia es idealizar acríticamente un proceso claramente inmodélico. ¿Cómo quieren que la hija de un alcalde republicano asesinado, cuyo cuerpo todavía no se ha encontrado, se reconcilie con un juez del Tribunal Supremo que apoya el golpe militar o con José Juan Toharia, que escribió en El País, nada menos que el 18 de julio (74 aniversario del día del golpe fascista), que los dos bandos eran “fundamentalistas fanáticos”, insultando a todos los que defendieron la democracia?
Por cierto, no se ha hecho todavía la novela o película antifascista perfecta, pues estas tendrían que mostrar que los fascistas eran muy buenas personas (iban a la iglesia, no robaban, les gustaba la música clásica y amaban a sus familias) que, cuando creían que iban a perder sus privilegios, apoyaban a otras que asesinaban, robaban, torturaban y hacían enormes barbaridades para continuar manteniendo sus privilegios. Y ellos, “las buenas personas”, lo sabían. De ahí la enorme necesidad de poder justificar su comportamiento diciendo que los otros también lo hacían.

Jordi Hereu y las practicas neoliberales municipales en tiempos de crisis y corrupción

Rebelión

Tras la manifestación contraria a la sentencia del rancio Tribunal Constitucional, movilización ciudadana de marcada aunque no única tendencia soberanista-independentista, tras la enorme alegría manifestada en calles, pueblos y hogares por el gol de don Andrés y el triunfo de la selección, de una “Roja” que debería ser más roja, después de las celebraciones masivas de estos pasados días (con aristas estúpidas y españolistas pero no sólo con ellas), vuelve a primer plano que no a primera página la lucha de clases… ¿He escrito “lucha de clases”? Perdón, quería decir el conflicto social, los puntos de vista no coincidentes, los desajustes sociopolíticos, las contraposiciones sociales, la lucha entre una renovada Ilustración republicana verdaderamente socialista y las ansias insaciables de un capitalismo desbocado neoliberalmente dirigido. Como escribiría Belén Gopegui, lo real vuelve. Un ejemplo barcelonés de este regreso.
Hace unos diez meses, Jordi Hereu, el alcalde de la ciudad de Barcelona, aseguró por activa y pasiva, mientras se discutían los presupuestos del municipio para 2010, que no se privatizarían los servicios funerarios de la ciudad. Barcelona, señaló, tiene solvencia suficiente. Punto y aparte.
Los servicios funerarios barceloneses eran de propiedad pública hasta mediados de los años noventa [1]. Fue entonces, cuando Pasqual Maragall seguía siendo alcalde de la ciudad, cuando se vendieron una parte de las acciones a una empresa privada, Mémora es su nombre. La gestión fue mixta desde entonces: el 51% depende del consistorio a través de la empresa pública SFB y el 49% está en manos de Mémora, el primer grupo de servicios funerarios de España.
El “sector” da beneficios. El volumen de negocios de 2009 fue de 45,8 millones de euros y los beneficios de 9 millones de euros. El año anterior, 2008, el volumen negociado fue de 46 millones, prácticamente la misma cantidad, y los beneficios alcanzaron los 11 millones de euros. Ni más ni menos. En los dos últimos años de gestión, ¡20 (veinte) millones de beneficios!
Ni que decir tiene que, consistentes con su ideario y con los intereses sociales empresariales que tan bien representan, a la limón y sin apenas matices sustantivos, CiU y PP, ambas fuerzas en la oposición municipal, reclaman desde hace años la total privatización del servicio. La (pseudo)argumentación es la de siempre: hay que romper los monopolios, los servicios funerarios barceloneses lo son y, de esta forma, aseguran, contra toda evidencia empírica existente y concebible, y contra multitud de ejemplos falsadores, se dará un mejor servicio a la ciudadanía y, añaden sin temblor en su duro rostro, será más barato. Nadie hasta ahora, aparte de los ya convencidos e interesados, había creído ni comido con sus conocidas argucias falsarias.
Pues bien, con la que está cayendo en el gobierno municipal, basta pensar en el caso del hotel Palau y en las montañas de corrupción y especulación anticiudadana que se están conociendo, en lugar de practicar la prudencia en la gestión, sin desplazamiento a arriesgados puentes sobre aguas turbulentas, y abonar y cuidar la unidad de izquierdas, el señor Hereu ha tomado el camino curvado, es decir, el sendero hacia la derecha en el que tan feliz se le ve y tan cómodo se desenvuelve: los servicios funerarios de la ciudad serán privatizados declaró el martes 13 de julio. El municipio venderá a la todopoderosa Mémora el 36% de las acciones y se quedará con el 15% [2]. Por ahora, ya veremos lo que queda de ese 15% dentro de 3 o 4 año si los negocios funcionan. El papel del consistorio en la dirección de la empresa será nulo, pintará menos de lo que pinta un trabajador externalizado de la limpieza del Ayuntamiento. Se ampara el señor Hereu para justificar sus planes, algo hay que decir, en la ley europea Ómnibus que entró en vigor a finales de 2009.
Los servicios funerarios, lo que se desea privatizar totalmente, gestionan las partes más rentables del asunto: venta de féretros y urnas, ceremonias, organización del duelo, preparación de los cuerpos de los fallecidos, traslados, etc., incluso, si se desea, detalles de esta postmodernidad idiotizante que nos rodea y asalta, apoyo psicológico a los familiares y grabación filmada de todo el proceso.
La operación, pendiente de discusión en una comisión municipal, se quiere aprobar en el pleno municipal de finales de julio. PP y CiU, claro está, están encantados de la vida y de que el alcalde Hereu les ponga en bandeja de plata la que es una de sus reivindicaciones de negocios más perseguida. ICV-EUiA, socio de gobierno del PSC en el consistorio, esta vez sí, coherentemente con su ideario y programa municipal, se ha manifestado netamente en contra. La ciudadanía de izquierdas de la ciudad celebra con vivas y aplausos su dignísima posición.
ERC mantiene una curiosa posición, igualmente consistente con su forma de transitar por su ideario soberanista independentista: votarán a favor de la privatización si se confirma y asegura que Mémora traslada a Barcelona su sede madrileña (es decir, ya tienen tomada la decisión: votarán a favor). De esta forma, argumentan gozosos, se incrementarían las arcas municipales. El gigante del sector pagaría en Barcelona sus impuestos y generaría aquí, asegura el señor Jordi Portabella con énfasis en el aquí y no en “Madrid”, puestos de trabajo. No hay más consideraciones en este juego de intereses. El independentismo con aires neoliberales presenta estas caras. Lo importante es el país; la defensa de lo público juega en tercera regional.
La coalición ICV-EUiA, con un excelente Ricard Gomà a la cabeza, es la única -¡única!- voz crítica institucional con la operación. Los miembros de la coalición defendieron el 12 de julio, en comparecencia pública, que Serveis Funeraris de Barcelona era una empresa de capital público mayoritario que presta un servicio de calidad, siempre mejorable desde luego, y de interés general que es necesario preservar. Añadió Gomà que la venta, obviamente, supondrá una pérdida de patrimonio público. La constante de tantas y tantas operaciones “económicas” de los últimos años.
ICV-EUIA gobierna en coalición con el PSC en el Ayuntamiento barcelonés. ¿Debería importarle al PSC la posición crítica de su único socio de gobierno? Debería pero al alcalde Hereu le importa un higo este nudo esencial de la situación. Prefiere buscar apoyos en fuerzas de la oposición siguiendo el ejemplo del conseller de Educación que ya pactó con CiU, en detrimento de ICV-EUiA, la Ley de Educación catalana. ¿Por qué? Porque seguramente el señor Hereu piensa que su gobierno tiene los días contados; que es bueno preparar el futuro, que muchas coaliciones son posibles, o, lo que es peor, por convicción propia, porque a pesar de la crisis aléfica que nos rodea, a pesar de la derrota en primera línea de flotación de la cosmovisión neoliberal, el señor Hereu y sus colegas siguen pensando no que lo pequeño es hermoso sino que lo estrictamente privado es siempre rentable y eficaz, y, si no lo es, hay que trabajar para que lo sea. ¡Qué horror señora Leonor!
Todo lo racional es real y todo lo real es o será racional, decía el clásico. No lo parece. Poco de lo real es razonable y casi nada razonable parece en disposición de adquirir atributos reales. Que los sindicatos del Ayuntamiento, no puedo precisar sus siglas, estén de acuerdo con este proceso de privatización, al lado, justo al lado del PP, CiU y ERC, es un ejemplo de manual de las distancias aléficas entre la racionalidad, por temperada que esta sea, y la “realidad social”, entre las decisiones que se toman, y las motivaciones que a ellas subyacen, y lo que podamos llamar cuidado y atención de lo público.

PS: El Ayuntamiento asegura que Mémora firmará una cláusula de gratuidad para personas sin recursos y de subvenciones para personas con pocos recursos. Los consejeros de Memora deben estar partiéndose de risa mientras llaman con urgencia a su bufete de abogados para que redacte una cláusula que apenas los comprometa o cuya buscada ambigüedad permita vaciarla en, pongamos, uno, dos, tres años como máximo.

Notas
[1] Tomo la información del excelente artículo de Jordi Mumbrú -“Hereu inicia la privatització dels serveis funeraris”- publicado en Público, 13 de julio de 2010 (edición Catalunya), p. 4.
[2] El Ayuntamiento recuperará en la operación el 49% de las acciones de los cementerios de Barcelona actualmente en manos de Mémora cuyos tentáculos, como se ve, son diversos y prolongados. De este modo, el 100% de la gestión de los cementerios, la parte menos rentable, es decir, la gestión, entierro, cobro de tasas y mantenimiento será totalmente público. No parece exagerado que también en esta arista hay un claro caso de subordinación: te cambios cromos poco rentables por cromos muy rentables con algún compromiso por tu parte.

Deconstruyendo la Ley de Partidos

Manuel M. Navarrete
dijous 24 de setembre de 2009 par Manuel Muñoz Navarrete

No puedo aceptar la frustración definitiva de votar contra las condiciones formales que garantizan unas elecciones libres. (…) Si pudiera votar a Batasuna (o a ANV o al PCTV), no les votaría. Pero porque no puedo votar a Batasuna, me voy a abstener.
(Carlos Fernández Liria y Santiago Alba Rico)
No voy a hablar sobre ETA. Voy a hablar sobre la izquierda abertzale. No faltarán ecos que repitan para sus adentros que ETA y la IA son la misma cosa. La mejor prueba de que eso es mentira es la Ley de Partidos. No hizo falta modificar el Código Penal para ilegalizar a ETA, ya que sus acciones eran en sí mismas ilegales según el Código Penal entonces vigente. Sin embargo, hubo que generar una Ley de Partidos específica para ilegalizar a Batasuna, porque no bastaba con el Código Penal para conseguirlo.
Este sencillo razonamiento echa por tierra de manera irrefutable una amalgama tan frecuente como grave. Frecuente por ser ya un tópico cotidiano en políticos, jueces y medios de comunicación. Grave porque sólo puede obtenerse sacando factor común de unos fines, en efecto compartidos, y obviando los medios, que supuestamente motivan tantas manos blancas y que son -esos sí- ilegales.
Otra propiedad de la Ley de Partidos, propiedad concienzudamente ocultada por la “libertad de expresión” española (libertad de expresión para quien tenga un millón de euros y pueda montar un periódico), es la de generar rechazo a nivel internacional. El Relator Especial de la o­nU, Martin Sheinin, escribió que le preocupaba “la amplitud de la formulación de las disposiciones de la Ley de Partidos”, ya que “podrían interpretarse en el sentido de incluir a todo partido político que, por medios políticos pacíficos, trate de alcanzar objetivos políticos similares a los que persiguen los grupos terroristas”. Amnistía Internacional, por su parte, mostró su preocupación por la “ambigüedad y la imprecisión de algunos artículos”, a través de los cuales se podrían “emprender procesos de ilegalización de partidos políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacífica”, insistiendo en que esta ley podría “llevar a la ilegalización de partidos que compartan con los grupos armados objetivos como la independencia, pero que no aboguen ni usen la violencia”. El Colegio de Abogados de Barcelona, por su parte, fue más explícito todavía al hablar de los “efectos extensivos de la aplicación del concepto de terrorismo sobre la disidencia política”, la “normalización de una cultura jurídica de la emergencia o la excepcionalidad” y las “responsabilidades penales difusas y no colectivas”, concluyendo que “cuando los objetivos, y no los medios, son lo que se penaliza -lo que significa convertir fatalmente el independentismo vasco en terrorista- se consolida un derecho penal de autor que persigue ideologías en vez de hechos”. Huelga decir que ni la o­nU, ni Amnistía, ni el Colegio de Abogados son entidades demasiado sospechosas de marxismo, radicalismo o independentismo.
Sin embargo, el Tribunal de Estrasburgo, en una decisión más política que jurídica, acaba de avalar esta ley. Escribo este artículo para declarar que, con semejante jurisprudencia, Europa se encamina hacia el fascismo. Intentaré argumentar esta afirmación.
En primer lugar, la Ley de Partidos fulmina el principio de la responsabilidad individual. Los colectivos no delinquen: únicamente delinquen las personas físicas. Por ejemplo, no puedes ilegalizar al Real Madrid porque un “ultrasur” cometa un asesinato. De hecho, hay miembros del PSOE y del PP condenados por crímenes serios, lo que no afecta para nada al funcionamiento de estos grupos en el Parlamento.
Además, están siendo ilegalizadas ideas. Si eres independentista vasco y compartes posiciones anticapitalistas, no tienes derecho a crear una organización política ni a votar. Tu única opción es volverte un nacionalista de derechas y afiliarte al PNV. Aun condenando a ETA, no serías legalizado, según declaró hace unas semanas Pérez Rubalcaba, el Ministro del Interior español. De hecho, Iniciativa Internacionalista afirmó públicamente que rechazaba “el uso de la violencia bajo condiciones democráticas”, y aun así el Tribunal Supremo trató de ilegalizarla.
Con todo, merece la pena detenerse en el asunto de la “condena”. Es cierto: Batasuna no ha “condenado” los atentados de ETA, aunque tampoco se ha pronunciado jamás a favor de los mismos. Este hecho puede ser moralmente juzgable, pero jurídicamente es por completo irrelevante, puesto que no existe ninguna ley que obligue a ello. No sólo hay -en teoría- libertad de silencio, sino que, de hecho, en el pleno parlamentario la abstención es un derecho más del supuesto “ejercicio democrático”.
Además, la no condena es perfectamente lógica. Lo que se está buscando es una mesa de negociación para acabar por fin con el conflicto. ¿A alguien se le ocurre que, durante las negociaciones entre los británicos y el Sinn Fein, hubiera que exigirle a Gerry Adams una condena de las actividades del IRA? Este disparate sólo podía surgir de la nefasta mentalidad española, anclada en el guerracivilismo. Con semejante política, jamás habría llegado la paz a una parte de Irlanda. Porque la paz no es lo mismo que la pacificación o el aplastamiento policíaco o militar del otro bando. La paz es una estructura, el efecto de una composición de fuerzas que entran en equilibrio. Jamás se podrá formar una mesa de negociación llamando asesinos a los virtuales interlocutores, ni exigiéndoles que se pongan de rodillas. Hay que partir del respeto si alguna vez se quiere alcanzar la resolución del conflicto.
Por otra parte, habría que recordar que el PP se negó a condenar los asesinatos de Franco. El PSOE, por su parte, no es que no haya condenado los asesinatos del grupo terrorista GAL, sino que dicho grupo fue organizado y financiado por él, en tiempos de Felipe González. Esto por no hablar de la tortura en cárceles y comisarías, o de la violencia de las tropas españolas ocupantes en países como Afganistán o Líbano. Se nos exige una condena ritual, maniquea y obligatoria de un solo bando, pero ¿por qué hay que condenar la violencia disidente cuando nadie condena la violencia institucional, infinitamente más grave?
Retomando el hilo de la argumentación, y como explicábamos, principios como la responsabilidad penal individual, la libertad ideológica, la no retroactividad de las leyes, la no creación ad hoc de leyes con fines políticos... son sacrificados por un furor persecutorio que está implícito en esta legislación aberrante.
Pero lo peor de esta ley es que el juez Garzón le ha dado una enorme proyección electoral y parlamentaria. Aunque esta ley se circunscribe formalmente en la limitación del derecho de asociación (art. 22 de la Constitución Española), materialmente lo que se está limitando es el derecho de participación política (art. 23). Esto es lo que se evidenció cuando se anularon candidaturas promovidas por agrupaciones de electores, o cuando se disolvió el grupo parlamentario SA (Socialista Abertzaleak). Y es que tanto las agrupaciones de electores como el grupo parlamentario son (objetivamente) expresión del derecho de participación política, y no del derecho de asociación. Sólo existen dos supuestos por los que podría privarse del derecho de participación a alguien, y siempre de manera individualizada: la condena por determinados delitos y la incapacidad, verificada por vía judicial. Dado que ninguno de estos dos supuestos se daba, estas decisiones fueron radicalmente anticonstitucionales y carentes de fundamentación jurídica.
Sin duda, el objetivo inicial de esta ley era la liquidación electoral de una molesta minoría, de un 15% de la sociedad vasca que se ha visualizado en todos los procesos electorales celebrados desde 1979. El problema es que la Ley de Partidos se estira como un chicle, con la famosa teoría del “entorno”. El juez Marlaska ha ilegalizado organizaciones revolucionarias con autos donde se afirman cosas como que suspendía “organismos públicos, fundaciones, asociaciones, sociedades y organismos similares de Batasuna”. Con autos así, la responsabilidad penal es tan difusa que cualquiera puede ser ya un terrorista, incluso sin saberlo y sin haber empuñado jamás un arma. ¿Qué es un organismo similar de Batasuna? Puesto que Batasuna es un partido político, el PSOE sería un organismo similar a Batasuna. ¿O tal vez por similar Marlaska entiende “políticamente afín”? En ese caso, en tanto que marxistas y partidarios de la autodeterminación, podrían ilegalizar perfectamente a organizaciones como Corriente Roja o el SAT. No en vano, uno de los argumentos del auto de ilegalización de Iniciativa Internacionalista era “el extenso curriculum político de Alfonso Sastre”, ya que esta lista no incluía un solo vasco en su candidatura...
Una última reflexión. Fue enormemente significativa la actitud del cabeza de lista de Izquierda Unida a las elecciones europeas, Willy Meyer, cuando dijo que si los tribunales ilegalizaban Iniciativa Internacionalista, él estaba de acuerdo porque estamos en un “Estado de derecho” (si IU está en contra de la Ley de Partidos, ¿cómo va a estar a favor de que ningún tribunal la aplique?). Eso por no hablar de la actitud del coordinador andaluz de IU, Diego Valderas, que amenazó al CUT de expulsión por haber avalado a Iniciativa para que pudiera presentarse. Hace poco leí también las palabras del secretario general del PCE, Paco Frutos, en el programa El círculo de primera hora: “Se nos ha criticado mucho por nuestra abstención ante la aprobación de la Ley de Partidos. Si decíamos que no, se nos confundía con HB y su entorno (…) Vimos que esta norma estaba construida al revés. Dictada únicamente para ilegalizar a HB. Por eso nos abstuvimos”. Le he estado dando vueltas a estas palabras, hasta que me he dado cuenta de una cosa: Frutos no se justifica por no haber votado en contra de la ilegalización, sino por no haber votado a favor.
Tal vez la solidaridad para con otras organizaciones anticapitalistas no opere en mentes tan mezquinas, pero al menos debería hacerlo la necesidad de pararle los pies al fascismo. De lo contrario, tal vez algún día nos encontremos a alguien diciendo: Primero fueron a por Batasuna, pero yo no dije nada porque no era de Batasuna. Luego fueron a por el PCE (r ), pero no dije nada porque tampoco era del PCE (r ). Más tarde fueron a por Izquierda Castellana, pero igualmente callé porque no era de Izquierda Castellana. Por último, fueron a por Iniciativa Internacionalista, pero una vez más callé, porque no era de Iniciativa Internacionalista. Cuando fueron a por mí, ya no quedaba nadie para protestar

Porque no nos gusta la bandera bicolor

La bandera que ondeó vencedora durante el franquismo, no puede ser aceptada por las gentes de izquierda,
Insurgente - Kaos. Estado español Para Kaos en la Red Hoy a las 9:50 454 lecturas 4 I
No hace falta que venga historiador de banderas alguno para ilustrarnos que la enseña bicolor que lucen estos días miles de balcones, viene de más allá de la guerra civil. Pero, no es menos cierto, que en la guerra que provocó el fascismo en el año 1936, lo más reaccionario y troglodita de la sociedad española lució esa bandera contra la legalidad democrática, contra las personas que querían una sociedad más justa y libre.
II
La bandera que ondeó vencedora durante el franquismo, no puede ser aceptada por las gentes de izquierda, por mucha firma de rendición que hiciese Carrillo a cambio de un puestecito en el balcón de los hacedores del régimen. El cambio de escudo se parece demasiado a una mera lavada de cara, para que las mayorías piensen aquello de “no es lo mismo un pollo que unas columnas”.
III
Quienes afirman que todo eso es historia y que es necesario tener los ojos debajo de la frente y no en la nuca, les agrada comprobar que la dictadura-transición-“democracia”, se ha ejecutado con estudiada precisión, para que los que tuvieron el poder económico durante el franquismo lo mantuvieran luego. Una misma bandera ayuda a dejar claro que los valores e intereses de la clase dominante son los mismos. Si antes se blandía contra los odiosos rojos republicanos, ahora sirve para consolidar la idea de España, y si es una-grande y libre, mejor.
IV
Para las personas que entienden la historia como una constante lucha de clases, no puede una misma bandera representar a explotadores y trabajadores. En el caso del estado español tenemos la suerte histórica de que la bandera tricolor es aborrecida por los burgueses, ricos y jerarcas eclesiásticos, por fascistas, reaccionarios, derechistas y socialdemócratas. Esto facilita bastante el trabajo explicativo.
V
Las decenas de miles de banderas nacionales que estos días han vendido establecimientos chinos, con motivo del mundial de fútbol, dónde irán a parar. ¿Qué harán con ellas a partir de mañana?¿Se airearán también cuando las tropas partan a ocupar Afganistán, Euskadi, Líbano o Cataluña?¿Y cuándo los trabajadores se movilicen con banderas rojas o negras?
VI
Es cierto. Hay países que han parido su bandera nacional en la lucha contra el colonialismo y el imperialismo. Fue divisa de liberación fraguada en una sólida unión contra el enemigo invasor. Hoy la lucen con orgullo y la saludan con el respeto que merecen miles de personas que dejaron su vida contra el dominio extranjero. No es el caso de la actual bandera española.

La huelga del Metro de Madrid: una cuestión de clase

Sam Robson
Rebelión
La decisión de desconvocar las huelgas previstas en el Metro de Madrid ha abierto un período de tregua inquietante. En dos asambleas el pasado lunes la gran mayoría de las y los trabajadoras presentes acordaron abandonar su huelga indefinida para dar un respiro a la población madrileña y promover negociaciones con la empresa. Habrá otra asamblea el lunes día 12 para decidir si se mantienen las huelgas previstas para el 13, 16, 20 y 23 de julio. Esta semana se sentaron juntos los sindicatos y Metro para buscar una salida al conflicto. Con todo esto parece que puede haber una posible solución, así que ¿por qué inquietante? La verdad es que las y los trabajadores han cedido bastante, habiendo mostrado que son un colectivo poderoso con la capacidad de ganar su lucha por completo. “No hay líneas rojas en la negociación” dijo ayer Antonio Asensio, del Comité de Huelga. Y eso cuando hay, según los sindicatos, 2.000 expedientados entre la plantilla. Mientras tanto, la empresa y la Comunidad de Madrid no han respondido con el mismo espíritu de generosidad. Metro respondió a la votación insistiendo que ya estaba estudiando la posibilidad de aplicar la reducción del 5% de los sueldos en junio y julio sin más. Por su parte, Esperanza Aguirre afirmó que la Comunidad de Madrid no entraría en negociaciones si no se desconvocaran todas las huelgas. Añadió la Presidenta que lo primero en las conversaciones entre sindicatos y empresa sería fijar los servicios mínimos, y que si no hubiera acuerdo, que se impondrían.
Merece la pena examinar un poco el controvertido tema de los servicios mínimos, la falta de los cuales durante dos días de huelga provocó un gran alboroto mediático. Casi toda la prensa gratuita, que nunca hace ningún tipo de investigación periodística y se contenta con publicar lo que les llegue desde Reuters o cualquier otra agencia de noticias, esos días sí mandaron a las calles sus periodistas en búsqueda de cualquier persona dispuesta a denunciar a las y los huelguistas (hay que tener en cuenta que una huelga total del metro afecta gravemente a estos periódicos). Sin duda, los días de huelga sin servicios mínimos dificultaron las vidas de un sector del público y había gente descontenta. Pero las y los trabajadoras no tienen la culpa de estas dificultades, sino la empresa y en gran parte eso se entiende. Un sondeo bastante amplio por RTVE por ejemplo, mostró que un 55% culparon a la Comunidad.
Además el concepto de los servicios mínimos es muy engañoso. Aquí tenemos una empresa que ha roto el convenio, un documento legal, que tiene con sus trabajadores y trabajadoras. Cuando protestan en forma de huelgas, la misma empresa se lleva las manos a la cabeza horrorizada reclamando que se observe la legalidad de los servicios mínimos. Es más absurdo aún si consideramos que es la propia empresa (o la Comunidad, que es efectivamente lo mismo) la que impone los servicios mínimos. Por si fuera poco, como explican en su página web las y los huelguistas, no hay siquiera ninguna ley de huelgas y los servicios mínimos son un vestigio de la dictadura, una imposición sin legitimidad ninguna.
En términos generales, lo que existe actualmente es un conflicto sobre quién debe pagar la crisis. Los y las trabajadoras del Metro son el primer grupo de trabajadores en el Estado español que ha organizado una lucha seria diciendo “¡no la pagaremos nosotros!”. Todo el discurso sobre los servicios mínimos es un arma más en manos de la clase dirigente que está luchando con toda su fuerza para salir ganando y lo debemos ver como tal. Es cierto que hay trabajadoras y trabajadores más precarios, o que cobran menos, pero si se pierde la lucha en el Metro, todas las empresas cogerán confianza y las y los precarios serán aún más vulnerables.
Sin embargo, si esta huelga gana, daría luz verde a millones de trabajadores que de momento no tienen la confianza de luchar contra los recortes. Por tanto, es fundamental defender el derecho a huelga de los y las trabajadoras del Metro y el derecho a huelga de la manera más eficaz y contundente posible.
Esto incluye saltarse los servicios mínimos. También incluye la acción directa, como mostraron los y las trabajadoras de la limpieza del Metro de Madrid, ganando sus demandas en la huelga de 2007, que incluyó echar aceite y basura por los andenes de las estaciones. Y además incluye montar piquetes. Como se ha dicho, los jefes emplean cualquier arma posible para ganar las huelgas, y disponen de una gran maquinaria mediática con la que apalear ideológicamente a las y los huelguistas, minando su confianza. Ante esto, organizar piquetes grandes y asambleas que animan y dan la posibilidad de hablar con compañeras y compañeros y contraponer el discurso de la empresa, son imprescindibles.
No está claro lo que va a suceder ahora. Entrar en una huelga indefinida es un paso muy valiente que exige mucha confianza, y es posible que ésta esté actualmente un poco minada. Podemos especular también sobre lo que se dijo en las asambleas del lunes. Se hicieron a puerta cerrada, lo que es una posible indicación de que UGT esperaba bastante desacuerdo con su propuesta de desconvocar las huelgas y es probable que entre la plantilla haya mucho debate sobre los pasos a seguir. Pero lo que sí hemos visto es que aunque muchas veces se dice que la clase trabajadora no tiene fuerza y que las luchas tradicionales no funcionan, en realidad los y las trabajadoras, e incluso un colectivo bastante pequeño, tienen mucho poder.Es el poder de la clase trabajadora la que produce toda la riqueza que existe en la sociedad. No solamente fue la empresa la que sintió este poder al perder millones de euros en los cuatro días de huelga, sino también las empresas del centro de Madrid que en seguida empezaron a quejarse por las ventas perdidas que sufrían. Esperemos que los y las trabajadoras del Metro vuelvan a hacer sentir su fuerza y que su victoria sea un llamamiento al resto de la clase trabajadora: “Que la crisis la paguen los ricos”.

Sam Robson, es militante de En lucha

Sobre la huelga del metro de Madrid.

Inconsistencias en una aproximación del ex director de Público
Salvador López Arnal
Rebelión
El ex director de Público, Ignacio Escolar, escribió el 1 de julio una nota sobre la huelga del metro de Madrid. “Salvajadas” es su título [1].
De entrada, señala, una obviedad: es una salvajada colapsar una ciudad como Madrid con una huela sin servicios mínimos [2] y lo es aún más “agredir y herir a cuatro empelados que querían trabajar”. Ignoro la veracidad de este último enunciado. Dejémoslo por ahora.
Pero, prosigue Escolar, como gran parte de la opinión publicada se queda en este nudo añade razonablemente otras aristas: es una salvajada manifiesta, previa a la de los huelguistas, romper, como pretende hacer la Comunidad de Madrid de la señora Aguirre y cólera de Dios, un convenio colectivo amparándose en el injusto tijeretazo de Zapatero que, además, no puede aplicase a este caso; es igualmente salvaje regirse en asuntos huelguísticos por una ley preconstitucional, regulada por un decreto de Adolfo Suárez de hace más de 32 años, que otorga un poder omnímodo a las “autoridades”, que en este caso coinciden con la patronal, para regular los servicios mínimos, y también es una salvajada los comentarios infames, falsarios, interesados de esta degeneración sin parangón de la razón pública que es la presidenta thatcheriana.
Si es así, y parece que es así, si los puntos señalados en segundo lugar son razonables, no acaba de verse salvajada alguna en la actitud de los trabajadores, no veo que pueda deducirse la irracionalidad de un movimiento de justa protesta y vindicación que, por cierto, el día 1 de julio ya permite el uso del metro madrileño a determinada franja horaria.
Supongamos que los trabajadores del metro se equivocaran. Admitamos que acaso se comportaran como unos seres irresponsables. ¿Qué podían hacer entonces? ¿Cuál era su alternativa? ¿Hacer huelga para que no se notara huelga alguna? ¿Aceptar unos servicios abusivos decretados por la Comunidad de Madrid, parte directa en el conflicto, y en Madrid paz y en las familias trabajadoras más dificultades? ¿Conformarse sin rechistar con una injusta disminución de un salario que viene a ser más o menos lo que la señora Aguirre y afines se gastan en una cena familiar sin postres ni extras? Si no hay caminos transitables, si las leyes no permiten la rebeldía efectiva, si hay motivos acumulados para ella, ¿qué hacer entonces? ¿En qué consistiría una actitud razonable y civilizada de protesta efectiva?
No sé la veracidad de la afirmación de Escolar sobre trabajadores, él habla de empleados, heridos. Aunque así fuera, aunque algunos trabajadores que no han querido protestar por miedo, por desacuerdo, por fragilidad temporal de su relación laboral, por sumisión o por la apuesta del glotón (que los otros hagan y se arriesguen: si ganan, ganamos todos; si pierden, pierden ellos pero yo no) hayan sido empujados (yo también lo he hecho en alguna ocasión) y algún trabajador haya podido tener algún pequeño percance, nada grave (si lo hubiera sido hubiera sido noticia central de todos los informativos), ¿es esto motivo suficiente para hablar de luchas salvajes, de salvajada obrera? Yo creo que no, creo que siguen siendo salvajes los de siempre (y los medios que agitan sus vientos y huracanes): aquellos que llevan a trabajadores desesperados al borde del abismo y les gritan una disyuntiva: lanzaos al abismo o arrodillaros ante nosotros. Que algunos, frente al dilema, agiten sus brazos dando algún codazo es un actitud impecablemente racional y pletórica de sana rebeldía.
Notas:
[1] Público, 1 de julio de 2010, p. 44.
[2] En Barcelona, ha habido también estos dos días pasados una huelga sin servicios mínimos de los trabajadores de los Ferrocarriles de la Generalitat oponiéndose al recorte del 5% de su salario.

Solo queda un cubano vivo de entre los voluntarios que combatieron en la guerra civil española

Lolo Milanés
Rebelión
José María Fernández Souto ostenta la responsabilidad de ser el último de una saga de hombres que lo dejó todo para frenar el avance del fascismo
Tras el fallecimiento en los últimos meses de tres de los supervivientes del grupo de cubanos que luchó en España contra el fascismo,solo queda un superviviente.
Jose María Fernandez Souto ostenta la responsabilidad de ser el último de una saga de hombres que lo dejó todo,en muchos casos incluso su vida,para frenar el avance del fascismo. Jose María Fernandez vive rodeado de su familia en el municipio habanero de “Cerro” aunque con grandes dificultades de memoria. Ojala podamos disfrutar por mucho tiempo de su presencia aunque lamentablemente el ciclo biológico de estos hombres se está agotando. Yo conocí de su existencia en 2005 y desde entonces he procurado aproximarme a ellos todo lo posible,conocer su historia y transmitirla. En aquel tiempo quedaban cinco ex combatientes,todos ellos en La Habana. El primero en fallecer fue Gilberto Acosta,un sargento de artillería que burló situaciones límite en la batalla del “Ebro”, pasó muchas penalidades como prisionero en los campos franceses y una vez en Cuba se incorporó a la lucha por la revolución. Sus últimos días de lucha los pasó en el “Escambray” combatiendo la contrarrevolución tras el triunfo de esta. Recuerdo como anécdota que pasé muchas dificultades para poder entrevistarlo porque se encontraba ingresado en el hospital con neumonía, pasaban las semanas y permanecía ingresado y lo que es peor,yo debía volver a España, sin embargo,una mañana de octubre de 2005, bajo la amenaza ciclónica de lo que más tarde fue el temible “Wilma”,Gilberto regresó con los suyos en el municipio de “San Miguel de Padrón” y puso en mis manos diversos tesoros en forma de condecoraciones, recortes de prensa y fotos. Terminó sus días el siete de febrero de 2007. Había nacido en Santa Clara el 25 de Noviembre de 1916, por tanto contaba con 90 años.
Tras el fallecimiento de Gilberto Acosta pasaron dos años y medio hasta que la muerte visitó de nuevo a los ex combatientes. El 2 de Agosto de 2009 falleció un mito para quienes lo conocieron, se trata de Casimiro Jimenez,que apenas sin voz y con la conciencia clara de que su vida se apagaba me recibió generosamente en su casa del , municipio de “Regla” y me contó su historia a su manera. Casimiro había pasado penalidades de todo tipo en sus primeros años de vida,desde el hambre crónica de la época,hasta las detenciones y las torturas que lo fueron moldeando como ser humano. Casimiro se libró de penas de carcel elevadas,unas veces por suerte y otras porque apenas era un niño. Posteriormente e influenciado por los obreros de un central azucarero fue cambiando su visión política,inicialmente antimperialista, para convertirse en un comunista convencido. El y su mujer Dolores son dos pioneros del comunismo en la isla de Cuba. Cuando se produjo la guerra de España el partido le pidió que se ocupase del reclutamiento de voluntarios en Santa Clara y los hizo con tanto éxito que decidió no abandonar a sus hombres y contraviniendo las ordenes del partido se embarcó en el “Reina del Pacífico” en el mes de Mayo de 1938. Quedaba menos de un año para finalizar la guerra y Casimiro junto a sus compañeros peleó fundamentalmente en tierras del levante español y sobre todo cubriendo la retirada del grueso del ejercito del “Ebro” hasta cruzar la frontera por Puigcerdá. Durante nuestras charlas puso en mi mano una bala que tuvo alojada en su cuerpo en España y que había conservado como su mejor tesoro en el calcetín de alguno de sus nietos. Casimiro volvió a Cuba y siguió teniendo diversas responsabilidades en el partido. Murió el 2 de Agosto de 2009 con absoluta humildad, rodeado de los suyos.Fue incinerado y sus cenizas esparcidas en la colina de Lenin en “Regla”.Nació en Santa Clara en 1912 por lo que contaba nada menos que con 98 años.
De Rosendo Camps me gustaría contar muchas cosas pero cuando lo visité apenas pudo decirme nada porque tenía muy disminuidas sus facultades, sin embargo a medida que trataba de recirdarle su tiempo en la guerra de España sus ojos se incendiaban emocionados e incluso trató de cantar algunos de los himnos que los combatientes tenían en aquel tiempo. Rosendo Campas falleció el 30 de Octubre de 2009 entre los suyos.
Hace poco más de dos meses dejó esta vida Gaspar Gonzalez Rodriguez,nombre de guerra “Macatí”,un luchador nato que lo dio todo en su lucha contra el fascismo. Nacido en Matanzas em 1916 pronto se instaló en La Habana con su familia,se matriculó en la escuela de “Artes y Oficios” y casi sin darse cuenta ya estaba militando en el “Ala Izquierda Estudiantil”.Como el resto de compañeros padecía los rigores de la clandestinidad y fue detenido en muchas ocasiones. Cuando conoció de la guerra civil española no dudó en enrolarse voluntario,sin embargo el destino le deparaba sorpresas porque tras soportar una accidentada travesía por el atlántico y cruzar Francia de forma clandestina incluido un peligroso paso de los Pirineos,no logró pasar el examen médico que le realizaban a los voluntarios en el Castillo de Figueras (le diagnosticaron una dolencia cardíaca). No obstante, Gaspar Gonzalez no estaba dispuesto a regresar a Cuba como si nada y logró ingresar en el cuerpo de Carabineros donde no le pusieron objección. De ahí en adelante soportó todo tipo de penurias hasta lograr escapar de las tripas franquista por Casal de la Selva.En Francia fue internado en el campo de Saint Ciprien y posteriormente en el de Gurs. De ambos intentó escapar sin logarlo.Recuerdo claramente sus expresiones recordando a los guardias senegaleses que los custodiaban “Alle Alle reculé” decían. Precisamente fue Gaspar Gonzalez el único de los combatientes que entrevisté que recordaba el famoso tema musical “Alle Alle Reculé” compuesto por otro combatiente y músico ilustre,Julio Cueva. Gaspar Gonzalez falleció el 2 de Agosto de 2010. Nació en Matanzas en 1916 por lo que contaba 94 años en el momento de su fallecimiento.Aunque solo queda un superviviente,por fortuna muchos de estos luchadores por la libertad nos dejaron su testimonio. Descansen en paz.
Para saber más:
http://cubanosenlaguerracivil.blogspot.com/

Decretazo sin precedentes contra los derechos de los trabajadores en el Estado español

David Bernado Nevado
Rebelión
El día 16 de Junio, el gobierno del PSOE ha dado un paso más en su claudicación ante las presiones del gran capital y de los mercados financieros, aprobando un Decreto Ley de Reforma Laboral que abarata el despido para todos los trabajadores sin excepción, dinamita la negociación colectiva y recorta derecho fundamentales de los trabajadores. Desde el pasado mes de febrero, el planteamiento del gobierno contenido en el documento "Líneas de actuación en el mercado de trabajo para su discusión con los interlocutores sociales en el marco del diálogo social" sentaba las bases de una reforma laboral dura contra los trabajadores que ahora se ha endurecido todavía más con éste Decretazo. A pesar de que el gobierno expone que la reforma laboral es para crear empleo y acabar con la temporalidad, un análisis detallado de la misma refleja que el único objetivo es aumentar de forma escandalosa los beneficios empresariales a costa de los trabajadores y del dinero público de todos, sin ninguna garantía.
El empresario puede despedir más fácil y barato
El decreto del Gobierno modifica el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, referido al despido objetivo (individuales o colectivos) por causas económicas, tecnológicas o productivas, cuya indemnización se reduce a 20 días por año trabajado y 12 mensualidades como tope. Este punto concreto afecta a todos los trabajadores, ya sea a los actuales contratos fijos ordinarios como a los nuevos que se formalicen bajo la modalidad de fomento del empleo. El decreto facilita enormemente al empresario la utilización de éste tipo de despido barato y desprotege al trabajador por varias vías.
En primer lugar, se modifica el despido por causas económicas en base a lo siguiente “concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa”, lo que supone que ya no se exige al empresario que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) o el despido objetivo individual deba justificarse como una medida necesaria que contribuya a superar la situación de dificultad, ni la viabilidad futura de la empresa, ni la protección del empleo. Con el simple hecho de acreditar una situación económica negativa (caída de ventas, pérdidas económicas coyunturales o depreciación de activos), el empresario puede despedir sin más explicación ni justificación ante situaciones que en muchas ocasiones se deben a la mala gestión, la incapacidad de dirección y de planificación del propio empresario. En esta misma línea el decreto mandata a la jurisdicción social y a la autoridad laboral –competente para aprobar los EREs- a que se centren exclusivamente en comprobar la existencia de la causa sin más justificación para aprobar los despidos, cuando dice lo siguiente “La autorización procederá cuando de la documentación obrante en el expediente se desprenda que concurre la causa alegada por el empresario…”.
En segundo lugar, se facilita éste tipo de despido al empresario recortando las garantías y los derechos del trabajador en la tramitación del procedimiento del despido objetivo individual, declarando que si el empresario incumple los aspectos formales del mismo, el despido ya no será declarado nulo como en la legislación anterior sino improcedente. En éste sentido, además del ET se modifica la Ley de Procedimiento Laboral con lo siguiente “la decisión extintiva se considerará improcedente cuando no se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva o cuando no se hubieran cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1..”
En tercer lugar, el preaviso al trabajador pasa de 30 a 15 días en el despido objetivo individual, con lo cual el trabajador pierde 15 días de salario y se abarata todavía más éste despido. Asimismo, se restringen todavía más las garantías del trabajador al no reconocer el decreto que el incumplimiento de éste preaviso por parte del empresario sea motivo de despido improcedente (45 días y máximo 42 mensualidades en los fijos ordinarios), cuestión que dice así “la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la improcedencia del despido”.
En cuarto lugar, se establece el denominado “despido express” en los contratos de fomento del empleo para los casos de despido objetivo con la eliminación de los salarios de tramitación si el empresario reconoce la improcedencia del despido (33 días por año y máximo 24 mensualidades).
Se generaliza a casi todos los colectivos el contrato de despido a 33 días
El decreto del gobierno abre otra puerta para abaratar el despido a todos los trabajadores que no tengan actualmente en vigor el contrato fijo ordinario o sean “fichados” de una empresa a otra. El contrato de fomento del empleo (33 días) se generaliza a todos los colectivos, con lo que los contratos ordinarios (45 días) van a quedar en desuso y se va a producir una mayor atomización de los trabajadores con diferentes tipos de contratos y derechos que trae como consecuencia una precarización general de las condiciones de trabajo.
El empresario consigue que 8 días de la indemnización por despido los pague el FOGASA y más ayudas públicas
Desde la aprobación del decreto hasta el año 2012, los empresarios no tendrán que pagar 8 días de de salario por año trabajado para el caso de los despido objetivos tanto procedentes como improcedentes de los contrataos fijos ordinarios y de los contratos fijos de fomento del empleo. El Fondo de Garantía Salarial FOGASA –que dispone de 3.600 millones de superávit- para utilizarlo en amparar a los trabajadores afectados en empresas en quiebra, será el que abone los citados 8 días de indemnización al trabajador, con lo que el coste del despido para el empresario se abarata aún más. Asimismo, el decreto garantiza y se compromete con los empresarios a que el denominado “modelo austríaco” no va a tener coste alguno en las cotizaciones empresariales, por lo que el denominado “Fondo de capitalización” del que habla el gobierno no se sabe quién lo va a financiar dentro de un año; sin embargo, algo es seguro, no lo van a financiar los empresarios. Una medida más de ayuda a la patronal que en un contexto de fuerte crisis económica, constituye un auténtico incentivo, amparado por el gobierno, para despedir trabajadores. Además, se realizan rebajas en las cotizaciones empresariales para los contratos de fomento del empleo, de prácticas y de formación, así como en la reducción de jornada en los Expedientes de regulación de Empleo Temporal; o sea, más dinero público de ayuda para los empresarios.
Se golpea duramente el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva
En un contexto de crisis general, paro masivo y miedo a perder el puesto de trabajo, el instrumento de la negociación colectiva por sector, territorial y por empresa aglutina a los trabajadores como clase y refuerza la unidad del movimiento obrero más allá del límite estrecho del propio centro de trabajo. Pues bien, el decreto contiene una serie de medidas que modifican el ET en relación a que las empresas, de forma unilateral, puedan romper más fácilmente las condiciones salariales y de trabajo reflejadas en un acuerdo o convenio colectivo, las llamadas claúsulas de descuelgue. Se aumenta el poder del empresario al dejar la puerta abierta de que un árbitro pueda resolver las discrepancias con fuerza vinculante, sobre todo en las materias propias de convenios colectivos sectoriales que en la legislación anterior reflejaba la necesidad de acuerdo entre empresa y trabajadores, y ahora deja la solución de discrepancias a un laudo arbitral que parece será nombrado de forma voluntaria por las partes. Esto suaviza lo presentado el pasado día 11/6/2010, aunque en la tramitación del decreto como proyecto de ley es previsible que los partidos de la derecha política (PP, CiU y PNV) van a introducir cambios que empeorará seguramente éste decreto para los trabajadores. El objetivo del decreto en lo que respecta a la negociación colectiva trata de profundizar la atomización de la clase obrera a la hora de luchar de forma general en defensa de las condiciones de empleo y trabajo. Se relega la negociación colectiva al ámbito de empresa “flexibilidad interna” que en la práctica es un "sálvese quién pueda", introduciendo la competencia entre las mismas para reducir las condiciones de trabajo forzando, en un contexto de paro masivo, a la pérdida de derechos de los trabajadores en las empresas con menos fuerza laboral y sindical. El hecho resultante de éste recorte en la negociación colectiva, sólo puede ser unas relaciones laborales a la carta para el empresario y un fuerte retroceso de los derechos laborales de los trabajadores de forma general, máxime en el actual contexto de paro creciente y de crisis del capitalismo.
Más precariedad laboral
El gobierno habla de reducir la temporalidad, pero de forma inmediata el decreto levanta la restricción a que operen las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) en los sectores de la construcción y la administración pública, sectores hasta ahora vedados. Asimismo, abre la puerta a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, lo que en la práctica es el inicio de la privatización de los servicios públicos de empleo (INEM) y el comienzo de la reducción de plantilla en el empleo público de los mismos, a la vez de convertir los servicios de empleo en un negocio para empresas privadas. Sin embargo, las medidas más positivas contra el abuso en los contratos temporales se aplazan hasta el año 2015, como es el caso del aumento de la indemnización a 12 días de salario por año trabajado en el caso de los contratos de obra o servicio y la restricción a éstos mismos contratos de tener una duración máxima de 3 años, ampliable a otro más mediante la negociación colectiva. Medidas positivas pero claramente impotentes y simbólicas para frenar la temporalidad y el abuso en ésta modalidad de contratación que hacen los empresarios.
Éste Decretazo recorta derechos laborales y no va a crear empleo ni reducir la temporalidad
Estamos ante una inaceptable contrarreforma laboral. En primer lugar, porque se pretende aumentar los beneficios empresariales a costa del empeoramiento en los salarios, condiciones de trabajo y recorte de los derechos de las clases trabajadoras de éste país. En segundo lugar, porque se pide sacrificios inhumanos a los trabajadores para ayudar a especuladores y banqueros que sólo se han dedicado a destruir riqueza, provocando un agujero multimillonario en la economía mundial de dimensiones históricas. En tercer lugar, porque la tasa de paro de éste país es un auténtico escándalo que hay que acometer de manera urgente, mediante una intervención pública contundente expropiando empresas y bancos, bajo control de los trabajadores y la movilización de toda la sociedad. Sólo salarios dignos, condiciones dignas, crédito e inversión al servicio de las necesidades sociales pueden dar un impulso de 180º a la actividad económica para que se cree empleo y acabemos con la lacra del paro de una crisis de la que no somos responsables.
Quieren dejarnos a los trabajadores en “alpargatas” y no podemos permitirlo, sólo con una movilización general continuada pararemos éstos ataques. Los dirigentes de UGT y CCOO deben de sacar conclusiones serias y reflexionar sobre a dónde nos han llevado los años de “mesas de diálogo huecas” , ya en el pasado febrero se vislumbraba una contrarreforma laboral dura y cometieron el error de entrar en esa negociación que a todas luces ha envalentonado a la patronal y sembrado la confusión entre los trabajadores. Pero rectificar es de sabios, la convocatoria de huelga general del 29 de septiembre es un paso positivo, necesario y fundamental, pero no puede ser un fin en sí mismo. La huelga general debe de ser el primer paso para frenar éstos ataques y también para constituir un polo de lucha y de referencia de los trabajadores en enarbolar una alternativa de transformación socialista de la sociedad que realmente acometa la gran reforma de acabar con el sistema capitalista y sus agujeros multimillonarios de deudas y de ruina.
David Bernardo Nevado. CGT Hotel Puente Romano (Marbella)

La huelga de los trabajadores de la Administración del pasado 8 de junio

En torno a los motivos para no secundar huelgas y movilizaciones de los (poco combativos) sindicatos mayoritarios
Salvador López Arnal
Rebelión
Como probablemente, así lo esperamos y deseamos, se anunciarán y prepararán otras convocatorias de huelgas, acciones y manifestaciones, quizá valga la pena detenerse sobre los motivos que, desde coordenadas de izquierda no sumisa, se han esgrimido para no apoyar la convocatoria de huelga de los trabajadores de la Administración del pasado 8 de junio.
David Cotilla [DC], un profesor de enseñanza secundaria de Lengua y Literatura, en un artículo escrito desde esas coordenadas críticas -“¿Por qué nadie pregunta los motivos a quienes no han secundado la huelga?”, Rebelión, 11 de junio de 2010 [1]-, apuntaba con enorme documentación algunas de esas motivaciones. Las resumo esperando no traicionar el sentido argumentario crítico del autor:
Nadie, salvo pequeños espacios minoritarios, ni siquiera la inmensa mayoría de los medios independientes, han dado voz a los que no secundaban la huelga para preguntarles por los motivos de su falta de apoyo a la concentración. El no rotundo a la huelga de muchos funcionarios, en opinión de DC, no ha sido un sí a la política de recortes o un simple y llano conformismo. En absoluto. Ha sido un no doble: un NO a la política de recortes de Zapatero y un NO a los sumisos sindicatos que “sólo organizan una huelga de funcionarios para lavarse la cara ante la sociedad”.
¿Por qué no han movilizado antes, pregunta DC? Su respuesta: porque haber convocado una huelga general con 4 millones de parados hace, pongamos, seis meses no les habría permitido, entre otras cosas, cobrar las ingentes cantidades de dinero extra que han ingresado algunos sindicatos en concepto de “participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social” (BOE de 24 de febrero de 2010, p.18101). De este vértice desconocido, David Cotilla da los siguientes datos: CEOE 1.804.638 euros; UGT 1.075.269 euros; CC.OO. 922.609 euros. Entre ambas fuerzas sindicales, dejemos aparte la CEOE, ¡dos millones de euros!. Para DC, no se entiende que “se pida que nos manifestemos sólo nosotros, los funcionarios, por una bajada del 5% del sueldo” cuando millones de trabajadores están sin trabajo. Somos “nosotros los que nos enfrentamos al resto de la sociedad en vez de toda la sociedad en conjunto contra políticos, grandes capitales, bancos y defraudadores en general”. Aunque podamos no seguirle en ese “políticos”, así, en general, podemos entender a qué quiere referirse.
Por lo demás, prosigue DC, el 23% de fraude fiscal que existe en España se acaba volviendo también en contra de los trabajadores “que, incapaces de mantener a sus familias con 400 euros de ayuda una vez agotado el paro, trabajan en algunas ocasiones sin contrato”. El caso, añade DC, es “ no acusar al gran empresario que echa a cientos de trabajadores a la calle para mantener sus beneficios y cuando le urge contrata sin papeles a gente que está en paro, ahorrándose así la seguridad social, engordando el fraude fiscal…”.
Por si fuera poco, los sindicatos –creo que DC se refiere estrictamente a CCOO y UGT, del CSIF no espera nada- no han criticado todo esto ni en la preparación ni en el desarrollo de la huelga. Es más, añade, “ni siquiera han criticado que el Gobierno quiera rebajar el déficit público, algo muy contraproducente en una época de crisis y en un caso como el español con más del 20% de paro”.
Tampoco, comenta críticamente DC, han llamado la atención los convocantes sobre las grandes fortunas. No han nombrado las SICAV de Amancio Ortega y la Duquesa de Alba. Mucho menos la fortuna de la Corona Española, cuyos asignación anual está libre de impuestos, “además de suponer una de las escasas monarquías del mundo cuyas cuentas no son públicas, es decir, nadie sabe donde se lo gastan”.
Aún más, prosigue David Cotilla: desde todos los medios de comunicación e incluso desde los sindicatos, se intenta hacer creer a la ciudadanía que las medidas llevadas a cabo por el gobierno Zapatero son las mismas que se están imponiendo en el resto de países europeos. No es el caso, en su opinión. Reino Unido y Alemania han impuesto tasas a las transacciones bancarias, algo que no ha hecho el Gobierno español, y el gobierno británico, con el muy conservador David Cameron a la cabeza, es elogiado por DC porque “ha planteado un debate a toda la sociedad para tratar el tema de los recortes, algo muy distinto a las maneras de nuestro presidente”.
Los sindicatos, otra arista crítica más, ni siquiera quieren hablar del FROB, del Fondo de Reestructuración Organizada Bancaria que cuenta con 9.000 millones de euros: de ellos 6.750 millones son públicos, concedidos por el estado “a partir de todos los impuestos de los ciudadanos que declaran a Hacienda, y cuya cantidad se está destinando a las fusiones de las cajas de ahorro”.
Por todo eso, y por muchas otras razones, resume DC, muchos funcionarios no han ido a la huelga, “porque entendíamos que no eran las formas; que no queríamos ser conejillos de indias para lavarle la cara a los sindicatos haciéndole ahorrar de paso unos millones al gobierno y teniéndonos que enfrentar a una sociedad que no es capaz de organizarse por sí sola, sin sindicatos”. En definitiva, concluye David Cotilla, “porque muchos de nosotros hemos comprendido que ir a la huelga era destructivo para la verdadera conciencia social y no ir era plenamente constructivo, un medio para conseguir un fin mayor”.
No hace falta estar de acuerdo con todos los compases de la melodía para aceptar el tono general de la crítica. Otros nudos podrían señalarse: poca preparación de la huelga en algunos territorios del país; escasa combatividad el día de las movilizaciones; dificultades para combatir duras medidas cuando tiempo y tiempo se ha abonado por pactos, acuerdos y conversaciones entre “instituciones responsables” descalificando descortésmente otras posiciones.
Sin ocultar otros vértices desde luego. No debe ser fácil convocar huelgas con sabor de clase con sindicatos corporativos como el CSIF; no es conveniente olvidar el carácter ultraconservador de algunos sectores funcionariales privilegiados para los que nombrar a UGT y CCOO es como normar la bicha o Satanás enrabietado; los policías funcionarios, y cuerpos afines, no son precisamente seguidores fieles del Partido bolchevique. Etc.
Sea como sea, olvidando estos últimos nudos, no hay atisbo de duda que David Cotilla y los sectores que representan con sus análisis y opiniones, tienen razón en muchos aspectos. Aceptémoslos. La cuestión, el punto es en mi opinión ¿se infiere de toda esta razonable perspectiva crítica la corrección de la llamada a la pasividad ante las acciones convocadas por sindicatos poco combativos ciertamente, con prácticas como modélicas, de compleja composición, que han sido dirigidos durante años y años por líderes sindicales tan poco merecedores de admiración como Méndez o Fidalgo?
Creo que no, creo que hacerlo es hacer el juego a quienes no merecen compañía en sus desmanes ni en sus intentos de aplastar aún más los derechos y situación de los trabajadores de este país. Desde luego que las personas críticas, llenas de razones y de indignación justificada no lo pretenden, no quieren abonar ese sendero reaccionario, pero yo no creo que consigamos nada, nada de nada, yendo a trabajar llenos de indignación, boicoteando de hecho unas convocatorias que movilizan a miles y miles de trabajadores, a millones incuso, y que hoy pro hoy, con los matices necesarios, representan el único camino transitable de resistencia real, efectiva, en las empresas, en la Administración, en las calles, contra los ataques impíos e inhumanos del fundamentalismo neoliberal incontrolado y de sus máximos representantes. En mi opinión, hay que aunar esfuerzos, todos los posibles, intentando tensar la cuerda hacia las posiciones de la izquierda crítica.
En síntesis: de esas criticas razonables no se infiere la pasividad hacia convocatorias poco estimulantes, sino la participación crítica y activa para conseguir mayores estímulos, mayores niveles de participación, tenacidad en el combate por la defensa de posiciones básicas y esenciales. Otras luchas sindicales son posibles; la sal de la tierra de los asalariados ibéricos abona esa esperanza.
Es muy probable que Lenin exagerara en sus críticas al izquierdismo. Desgraciadamente, las palabras las usamos a veces para descalificar y no para argumentar en la lucha sindical y política. Pero, tal como están las cosas, lloviendo como llueven férreas piedras de toneladas, lo esencial es, desde mi punto de vista, sin ocultar críticas, sin taparse la boca ni quedarse mudos, ampliar todo lo que podamos los círculos de la resistencia. Nos va la vida en ello. No es broma, no es sólo el verso de una inolvidable canción de Silvio Rodríguez.

En el Estado Español ya existe la cadena perpetua.

08-06-2010
Aunque es inconstitucional más de 345 personas cumplen de facto esta condena.

345 personas (sin contar con las condenadas por delitos de terrorismo) cumplen penas superiores a 30 años de prisión sin posibilidad de revisión. Estas condenas pueden alcanzar incluso los 40 años, una situación que no se da en ningún país de nuestro entorno europeo. Así, de hecho, en las cárceles se aplica la cadena perpetua aunque la legislación española no la recoja.
La “doctrina Parot”: otra forma de venganza
El PP propone la cadena perpetua ‘revisable’
Aunque, en sentido estricto, por cadena perpetua se entiende “aquella pena que dura toda la vida del condenado”, en la práctica se suele aplicar a aquéllas de más de 20 años en prisión. En el Estado español, tras una reforma del Gobierno de Aznar en 2003, el límite máximo de cumplimiento de las penas llega hasta los 40 años, incluidos los casos sin que se haya cometido un delito de sangre. Esa elevación del tope punitivo, sumada a otros obstáculos aprobados anteriormente para impedir el acceso a los permisos penitenciarios, al tercer grado o a la libertad condicional a ciertos colectivos de presos, supuso un cambio fundamental, sin parangón en el entorno europeo, en el contenido de la pena de prisión. Por si fuera poco, y a modo de corolario, debe añadirse la llamada “doctrina Parot” que, desde 2006, amplia el cálculo del tiempo de reclusión.
Numerosos estudios médicos y psicológicos han comprobado empíricamente que una privación de libertad prolongada y continuada produce graves perturbaciones de la personalidad y dinamita cualquier principio de reinserción o resocialización del individuo. Por eso, en Alemania, por ejemplo, en 1977 su Tribunal Constitucional no sólo declaró inconstitucional la pena de prisión perpetua sin posibilidad de liberación –por ser contraria a la dignidad humana–, sino que declaraba también la incompatibilidad de 30 o 40 años de reclusión.
El fin de las penas es, teóricamente, el de “castigar a la persona que comete el delito pero también el de resocializar”, según explica la abogada penalista Julia Clavero, que añade que la cadena perpetua no cumpliría con el objetivo de reeducación que rige nuestro derecho penal. Por eso, distintos juristas, defensores de derechos humanos, además de los propios presos, han denunciado en numerosas ocasiones que las penas de larga duración aplicadas en las cárceles españolas no sólo son inaceptables desde un punto de vista humanitario, sino que atentan contra el valor constitucional de la dignidad humana y vulneran el artículo 25.2 de la Constitución. Éste impone la orientación reinsertadora de las penas de prisión. “La preparación para la vida en libertad a lo largo del cumplimiento de la condena constituye un mínimo innegociable”, según la sentencia 112/96 del Tribunal Constitucional. Pero la realidad en las cárceles españolas es bien distinta. Aproximadamente 345 personas (sin contar con las condenadas por delitos de terrorismo), según datos de Instituciones Penitenciarias, cumplen condenas superiores a los 30 años.
Desde la Plataforma Otro Derecho Penal es Posible, el jurista, criminólogo y sacerdote José Luis Segovia Bernabé explica que en España, con una de las legislaciones y prácticas más duras de nuestro entorno, ya existe de hecho una cadena perpetua sin posibilidad alguna de revisión. En un reciente manifiesto, esta plataforma lo explica así: “Las condenas tienen unos límites máximos –triple de la pena mayor, 20, 25, 30 o 40 años– según el artículo 76 del Código Penal. Pero se incurre en un error, en el que caen incluso profesionales del Derecho por el desconocimiento de que, para establecer esos límites máximos de condena, es necesario que los delitos debieran haberse podido enjuiciar en un único proceso. En términos más comprensibles, si una persona delinque después de que ya haya sido sentenciada por otro delito, las penas se suman y no se limitan temporalmente. De esta forma, debe cumplir todas las penas, aunque supere los límites anteriormente reseñados. Hay personas que, por delinquir en momentos sucesivos y ser juzgados por procedimientos no acumulables, son castigadas por vía de hecho a penas de prisión perpetua”.
En un caso poco usual en las cárceles, hace un año, 13 presos en el módulo cuatro –de primer grado, es decir de máxima dureza– de Valdemoro (Madrid) denunciaban la situación de Antonio Porto Martín, al que un juzgado acababa de notificar que sus diferentes condenas sumaban 52 años. En una carta, los presos denunciaban su situación, “en prisión desde 1983, son 26 años encerrado, y ahora le dan la definitiva de sus condenas para 2032. Como podéis comprobar; le están condenando a muerte ya que es imposible que una persona pueda vivir tal exceso de años dentro de estos muros. Lo que están haciendo es inhumano”.
Perpetua atenuada
Las legislaciones penales de otros países de la UE que contemplan en sus códigos la prisión perpetua no permiten que se produzcan situaciones como éstas. Aplican formas atenuadas de cadena perpetua que incluyen una revisión de la pena cada cierto tiempo y que permiten, bajo ciertas circunstancias, acceder a la libertad condicional. Así en Inglaterra, el tiempo medio de cumplimiento para condenados a perpetua es de 15 años. El Tribunal Penal Internacional permite, en casos de prisión perpetua, que se conceda la libertad condicional tras 25 años. Aquí, asegura Segovia Bernabé “quisimos dejar en el olvido la cadena perpetua y la estamos recuperando sin los límites más frecuentes”.
El porqué se llega a estas condenas vitalicias no revisables es un despropósito políticamente aceptado. Desde instituciones como el Defensor del Pueblo se hace hincapié en la inconstitucionalidad de la perpetua pero, sin embargo, y según la oficina del Defensor, “no se tienen quejas al respecto”. El actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguraba hace unos meses que el Código Penal actual es uno de los “más rigurosos de nuestro entorno con penas de cumplimiento íntegro de hasta 40 años, lo que técnicamente es una pena equiparable a una cadena perpetua, cuando en otros países se llama perpetua a una condena de 15 años”.
Numerosos especialistas coinciden, también, en la paradoja de pretender educar para la libertad a presos condenados casi de por vida y en que sistemáticamente son eliminados del discurso mediático que copan los políticos ante la eficacia electoral del Derecho Penal y su eco mediático. Según Segovia Bernabé, “el sistema penal, si no se acompaña de un sistema social más justo, es un mero agente de violencia tarifada. La eficacia está más en función de la celeridad en la respuesta de la justicia, que de la contundencia, más de su efectiva intervención en tiempo y forma que en la desimetría penal”.La UE, sin penas de por vida
En la UE no existe la condena de por vida. Aunque en Francia, Holanda o Alemania la prisión perpetua está recogida, de hecho se trata de una pena revisable que no alcanza los 30 años de reclusión.
En Francia se establece una revisión tras 18 años (22 en casos de reincidencia) y ello no impide la semi libertad previa. El tiempo medio de cumplimiento es de 23 años.
En Alemania la perpetua tiene reglas de liberación anticipada. La media de cumplimiento es de 19,9 años.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/En-el-Estado-espanol-ya-existe.html